• Miguel Angel Rodríguez
Acusan a Dall’Anese de incumplimiento de deberes y favorecimiento personal
• El ex presidente alega que el Fiscal General de la República no ha investigado otros pagos que recibió Lobo por parte de Alcatel antes de la concesión de las 400 mil líneas celulares porque lo está “favoreciendo” por declarar en su contra
Sylvia Núñez Chaves
snunez@prensalibre.co.cr
Fotos: Randall Sandoval
 |
El ex presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el fiscal general, Francisco Dall’Anese, por los delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.
|
El ex presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presentó ayer una acusación penal en contra del fiscal general Francisco Dall’Anese, donde lo culpa de los delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.
En la denuncia, el también ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegura que el fiscal no ha investigado los pagos por más de $500 mil que recibió José Antonio Lobo Solera, principal testigo de la fiscalía en su contra, tras acusarlo de corrupción en 2004 por el sonado caso ICE-Alcatel.
Según dijo, dicho dinero lo habría recibido Lobo por parte de la firma francesa durante sus funciones como miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como parte de un “premio” que se le otorgó por la concesión de la instalación de la red telefónica celular.
Rodríguez afirma en el documento que Lobo Solera confesó y reconoció varios delitos relacionados con Alcatel por el contrato de las 400 mil líneas celulares y que a éste se le ha dado un trato diferente por parte de la fiscalía para que siga siendo el testigo clave en este caso.
“Estos son 589 mil dólares de otros pagos que no tienen que ver con ese caso, que le dieron criterio de oportunidad y en los cuales simplemente el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de investigar. En su afán de comprar a toda costa la acusación de Lobo en mi contra, Dall’Anese Ruiz ha cometido delito de incumplimiento de deberes y de favorecimiento personal, pues la institución que está bajo su dirección no ha investigado a Lobo Solera por otros delitos diferentes del recibo de dinero de Alcatel por el contrato de las 400 mil líneas celulares. Estos delitos Lobo los ha confesado, testigos los han denunciado, y las investigaciones contables del OIJ los han comprobado. En tres ocasiones, mis abogados defensores los han denunciado y pedido que se investiguen y, para proteger y comprar a Lobo dándole impunidad, el Ministerio Público no los ha investigado”, resaltó el ex presidente al salir de los tribunales.
El país no puede seguir aguantando la impunidad
El ex mandatario es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por supuestamente haber recibido comisiones ilegales provenientes de la empresa francesa Alcatel. Por esta acusación ya descontó un año de prisión preventiva pese a que aún no se ha formulado una acusación formal en su contra y menos una fecha de juicio.
El 21 de mayo de 2007, los abogados defensores del ex presidente, Rafael Gairaud y Eduardo Araya, solicitaron al Ministerio Público que estos otros hechos cometidos por Lobo fueran investigados por ser igualmente delictivos.
“En un documento formal mis abogados Gairaud y Araya presentaron una solicitud formal estableciendo a dónde estaban las confecciones, a dónde constaban los documentos del OIJ, a dónde estaban los testimonios en los cuales se comprobaban esos delitos (cometidos por Lobo) y diciendo que no solo los estaba presentando para que se hicieran constar dos hechos muy importantes, uno que la mayoría de los casos son anteriores al delito de las 400 mil líneas y dos que en ningún caso tuvo que pedirle permiso a nadie para cometer sus actos, lo cual demuestra que no tenía la necesidad (Lobo) de pedirle permiso a nadie para cometer ningún tipo de estos actos, sino que además que presentaban esa documentación para decirles que era obligación de ellos hacer las investigaciones del caso tal y como lo establece la Ley. Bueno eso no se ha cumplido y ha pasado más de un año de esa última gestión formal y por no haberse cumplido en todo ese tiempo no me queda más remedio que presentar una acusación personal contra el señor Dall’Anese, director del Ministerio Público y fiscal general de la República, por ser el responsable del funcionamiento del Ministerio Público, este país no puede seguir aguantando la impunidad y que se tergiverse la función pública. La función pública no es para el lucimiento de Dall’Anese, no es para que coja a un ex presidente de la República para lograr méritos políticos”, explicó Rodríguez.
1.353 días en espera
El ex secretario de la OEA y sus abogados también detallaron en la denuncia que José Antonio Lobo recibió $325.253 en pagos de Alcatel, antes que esta empresa extranjera asignara los recursos que dieran para el pago del contrato de las 400 mil líneas GSM, sino que era para un contrato distinto como el ICE-Switching Program de centrales fijas ejecutado entre 2000 y 2001, como parte de la ampliación de las centrales fijas efectuada por el ICE el 23 de mayo de 2002 y por la expansión PRI 509.
En la acusación aclara además que, el ex trabajador del ICE reconoció haber realizado otra serie de conductas ilícitas, constitutivas de delito, siendo plenamente corroborados por parte de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismos de Investigaciones Judiciales en varios informes presentados al Ministerio Público.
Rodríguez Echeverría dijo ayer ante los medios que ya lleva 1.353 días desde que llegó al país para hacerle frente a su acusación tras renunciar a la OEA y que aún sigue esperando que se presente una acusación formal en su contra.
Además, manifestó que su deseo es que se inhabilite a Dall’Anese de su cargo mientras que se investiga por estos dos delitos.
“Sin duda una de las mayores violaciones al debido proceso se han dado por el Fiscal General al buscar por todos los medios la impunidad a favor del autor principal Lobo Solera, recurriendo a todo tipo de maniobras para eximirlo del juzgamiento, y convertirlo en testigo de la corona en mi contra. El Fiscal General ha dirigido este caso con la consigna de que el fin justifica los medios. Y el fin no es que se respete el debido proceso y se haga justicia, sino lograr el máximo protagonismo personal”, detalla en la acusación.
|