Presidencia de Comisión y la Oposición persiguen investigaciones diferentes

• Jorge Eduardo Sánchez sigue defendiendo la manera en que lleva el proceso, los opositores le achacan parsimonia

• PAC dice que posición de Calderón Fournier solo confirma las dudas sobre la actitud del diputado que preside la plana

Aarón Sequeira
asequeira@prensalibre.co.cr

Francisco Molina, jefe de la bancada del PAC, no descartó que muchos de los consultores hayan trabajado realmente, sin embargo indicó que en ese caso deben demostrarlo.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) indicó que no hay una investigación abierta en la plana legislativa, lo cual afirmaron que se debe exclusivamente al voto y decisión de Jorge Eduardo Sánchez.

“Él no permite que se abra una investigación. Son cerca de $4 millones de los que se habla. Nosotros estamos seguros de que muchos de los que realizaron esas consultorías no dieron informe detallado de su trabajo, como sí lo hicieron otros”, explicó el diputado Sergio Alfaro.

En cuanto a los informes ya presentados ante la Comisión, el legislador apuntó que no creen que todos hayan estado metidos en el mismo asunto, pero que en el caso de la ex defensora de los Habitantes Sandra Piszk tenían graves dudas.

Tal como lo consignó LA PRENSA LIBRE en su edición de ayer, el informe de Piszk es sumario y consigna una factura mensual por $4 mil, durante seis meses.

Los del PAC acotaron que, en ese caso, cada uno debe demostrar cuál fue el trabajo que se le encargó y dar un desglose de cómo lo llevaron a cabo.

“Si alguno recibió dinero y prácticamente no hizo nada, que devuelva lo recibido. No todos están pagados en vano, según parece, muchos posiblemente hicieron algún trabajo, pero que lo demuestren”, expuso Francisco Molina, jefe de fracción del PAC.

En cuanto a Federico Sosto, magistrado suplente en la Sala Constitucional, los diputados del PAC han solicitado que se separe de su cargo, en razón de que tradicionalmente los órganos judiciales han tenido una función muy lejos de la política.

“Pedimos a la Corte Suprema una investigación y que ofrezcan la percepción judicial respecto al caso del magistrado Sosto”, manifestó el diputado Molina.

Según acusó Sergio Alfaro, el funcionario judicial ha sido decisivo en votaciones de la Sala respecto a proyectos consultados por la Asamblea Legislativa.

Según los congresistas, les preocupa el tema de la independencia de poderes, en este caso el Judicial y el Ejecutivo.

“Sosto ejerce como titular y gana salario como tal, después de tres meses tiene que cesar en sus funciones como abogado, según lo que dice la Ley. No puede alegar desconocimiento de la norma”, añadió Alfaro.

Adjuntó que no cree que los demás magistrados estén de acuerdo con la situación, por lo que solicitó que Federico Sosto sea sometido a los procedimientos de sanción.

Según el PAC, la Contraloría General de la República habría dicho que los fondos referidos son públicos, y que deben ser incluidos en el Presupuesto, aunque no pasen por la caja única del Estado.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República confirmó a LA PRENSA LIBRE que está valorando la posibilidad de investigar la naturaleza jurídica de los fondos, para determinar si son públicos o privados.

Esto se debe a una petición planteada por Acción Ciudadana, con lo cual el próximo lunes estaría informando de las conclusiones a las que llegue.