Reformas pendientes

Las reformas electorales han estado en el tapete desde hace más de diez años, y en ese período, la Asamblea Legislativa solamente ha hecho algunos parches insignificantes, que en muchos casos ni siquiera están en la dirección correcta.

Y, al llegar al este mes de julio de 2008, de nuevo se cierne sobre el plan un velo de incertidumbre, debido a que los diputados no se han puesto de acuerdo sobre los aspectos más importantes que deben ser ajustados en la nueva legislación.

Las dudas se acrecientan toda vez que si se llegan a aprobar cambios, el Tribunal Supremo de Elecciones debe estar en posición de implementarlos, o de lo contrario no podrían tomarse en cuenta para las elecciones de febrero de 2010.

Este punto es fundamental, porque el Tribunal necesita casi cuatro años para desarrollar el proceso eleccionario, pese a que la parte más notable es la campaña misma, que puede durar, entre lo oficial y lo no oficial, alrededor de seis meses.

Ha sido precisamente este punto el que se ha utilizado como pretexto en el pasado para dejar de lado las reformas, pues los diputados de los últimos tres períodos de Gobierno han discutido alternativas que luego se quedan en un proyecto sin dictaminar. Y todo porque, al final, ya no se tiene tiempo suficiente para resolver de cara a una elección específica.

Los actuales diputados, por tanto, tienen dos retos frente a sí. Por un lado, concretar un proyecto con los cambios que el sistema realmente necesita y, por otro lado, dar el paso de su aprobación, aún y cuando los cambios no entren en vigencia para 2010. El detalle respecto de lo segundo es que proceder de esa manera evitaría que luego los nuevos diputados que ingresen en mayo de 2010 tengan que retomar una discusión ya iniciada, pues eso supone pérdida elemental de tiempo, y hasta confusión en los objetivos.

En lo que toca a los ajustes a introducir en la legislación, no cabe duda de que una fundamental responde al interés de establecer controles adicionales al uso de recursos provenientes de donaciones privadas.

Algunos estiman que sería saludable que estas donaciones sean prohibidas, pero no tienen claro que, entonces, el Estado tendría que asumir los costos totales de las campañas. Y esto puede
tener sus ventajas, pero es indudable que también tiene desventajas, pues podría terminar igualando desigualdades, salvo que se alcance una fórmula que le dé un valor a cada voto.

Allí es donde se torna fundamental la tarea de los diputados. Una tarea que no han encarado con la determinación necesaria hasta el momento, y que ven como un asunto para el cual disponen de todo el tiempo del mundo.

Ello sin agregar que hay otras modificaciones prácticas como el voto electrónico, que un país con el historial democrático costarricense no se puede seguir perdiendo, pues las condiciones actuales introducen limitaciones que solo terminan por atentar contra el nivel de participación en unos comicios que son de cuidado por el crecimiento del abstencionismo.