Cierre de empresa deja sin empleo a 230 cartagineses

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Fotos: Alberto Monge

Los empleados se presentaron y se toparon con la sorpresa de que estaban sin trabajo, sin una explicación clara.

La empresa cerró sus puertas a las 6 a.m., por lo que a las 8 a.m., la confusión, la zozobra y la incertidumbre se apoderó de los trabajadores que tienen años de trabajar para esa empresa de origen estadounidense, pues con la noticia, a los empleados no se les garantizaba el pago de las prestaciones sociales.

ContinentalAfa tenía 20 años de operar en el país. La noticia la llevó el propio gerente de la compañía, Danilo Serrano Pinto, -hermano del ex vicepresidente de la República y ex presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS)- quien les comunicó a los trabajadores que por decisión de los propietarios de la empresa en los Estados Unidos se daban por terminadas las operaciones en nuestro país.

Serrano fue quien conformó con los empleados una comisión que se dirigió a la oficina de Inspecciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicada en Cartago, para interponer la denuncia respectiva.

Cuando LA PRENSA LIBRE le consultó a Serrano Pinto la sorpresiva decisión, respondió que fue tomada desde los Estados Unidos y que posteriormente daría una posición formal por parte suya y de los ahora ex empleados.

Los más de 200 trabajadores fueron devueltos a sus casas sin una respuesta clara sobre sus garantías laborales, las lágrimas y los rostros de incertidumbre se vieron en cada uno de los ex empleados, ya que en su mayoría jefes de hogar tenían entre nueve y 20 años de laborar en el lugar, y a hora no saben qué hacer.

Heylin Cedeño, hoy ex empleada de ContinetalAfa, manifestó que “ésta siempre ha sido una empresa muy seria y sobre todo le ha dado la mano a las personas con necesidades especiales, ahora no nos pueden dejar así”.

Luisa Trejos Carvajal aseguró que tiene 20 años de trabajar en la empresa y que “siempre han sido muy responsables, por lo que no es justo que ahora nos dejen botados”.

Consultado al respecto, Erick Briones, jefe legal de Inspecciones Laborales del Ministerio de Trabajo, sostuvo que el tema debe trasladarse a los Tribunales, donde se debe definir un embargo para poder garantizarle a los empleados las prestaciones sociales.

Apuntó que el caso ya se escapa de la esfera del Ministerio de Trabajo debido a que, según la legislación, los empleados deben acudir a los Tribunales de Trabajo para hacer las reclamaciones respectivas.

Los empleados lo que buscan con el embargo es garantizarse el pago de las prestaciones sociales por lo que de conseguirse, se procedería a un remate, en un plazo indefinido, de las instalaciones y equipos para que a cada uno de los empleados se les cancelen los dineros que en derecho les corresponde.

Al consultarle si la actuación de la empresa ContinentalAfa es normal respondió que no, debido a que la misma cuenta con bienes para hacer frente a sus responsabilidades.

Briones recalcó que es importante que se definan políticas estatales laborales claras, en cuanto a la producción e inversión extranjera y que la Asamblea Legislativa apruebe la Convención 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la que se pretende que las empresas realicen los depósitos respectivos, para garantizar el pago de las prestaciones sociales de los empleados.

“Que ante la utilización de mano de obra nacional se comprometan las transnacionales a generar un desarrollo económico no ficticio, sino estable y sostenible (...) Además, bien haríamos en ratificar el convenio 173 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal; pues ello implicaría que ante la posibilidad de inversión extranjera y la puesta consecuente de generación de fuentes de empleo, se le deba garantizar al Estado, el pago de los posibles créditos adeudados a los trabajadores por su empleadores en caso de insolvencia, ante una institución aseguradora de garantía que se crearía. Claro está, que aparejado a esta garantía internacional y con el ánimo de atraer la inversión sana, debe venir aparejada la estimulación mediante políticas económicas, fiscales y sociales; beneficios que deben ser atractivos y también sostenibles”, señaló Briones.