Fiscalía allana Ministerio de Vivienda

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Foto: Luis Morales

Funcionarios del Ministerio Público acudieron al Ministerio de Vivienda para “secuestrar” toda la información relacionada al fideicomiso del BCIE, cuyos dineros, en un principio eran para la erradicación de tugurios en Rincón Grande de Pavas.

La Fiscalía, en conjunto con el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, fue por el expediente original completo del proyecto del contrato de fideicomiso suscrito por Taiwán y el BCIE, con las autoridades del Mivah, así como otro tipo de información relacionada con el tema.

Entre la información secuestrada se encuentra la documentación originada antes de firmarse el fideicomiso y la emitida con posterioridad al mismo, ello por parte de cualquier entidad pública o privada, pero relacionada con el citado fideicomiso.

También a los empleados judiciales se les suministró la documentación original o copias con acuse de recibido de los oficios emanados por el ministro separado de Vivienda, Fernando Zumbado Jiménez, para el pago de consultorías.

Debido a que les concedió el permiso respectivo por parte de los jerarcas del Mivah, las autoridades judiciales y de ese Ministerio indicaron que lo ocurrido en el despacho legal de la entidad gubernamental fue un secuestro de información, al tiempo que se le brindó la colaboración a la jueza penal Ana Gabriela Sánchez Arroyo y a la Fiscalía.

Cabe recodar que a Zumbado se le cuestiona el hecho de haber redireccionado los recursos, más de $1,5 millones que eran para la construcción y mejoramiento de casas en Rincón Grande de Pavas, pero los mismos fueron empleados para el pago de consultorías.

Desde Guanacaste, Jorge Sánchez Zúñiga, ministro interino de Vivienda, insistió en su anuencia a colaborar con las autoridades para evacuar cualquier duda en torno al manejo de los recursos facilitados por BCIE.

El Decano de la Prensa Nacional quiso conocer cuál sería su reacción en caso de ser convocado por la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público para rendir explicaciones, tal como lo hizo Zumbado ésta semana, a lo que Sánchez respondió que asistiría sin ningún inconveniente, si los diputados lo consideran “prudente” y “necesario”.

También se le consultó si conocía del cambio de curso y objetivos que dio el Ministro de Vivienda a la donación del Gobierno taiwanés, cuyo principal propósito era dar casa a 600 familias pobres de Rincón Grande de Pavas, y sobre todo si en algún momento Zumbado le comentó del cambio.

“Sí lógicamente, era un programa del Ministerio, yo tenía conocimiento del programa aunque no estaba bajo mi administración, básicamente estaba bajo la tutela de don Fernando y la viceministra de Desarrollo Social.”
En este momento la Comisión de ética del Poder Ejecutivo investiga la actuación de Zumbado, sobre la posibilidad de ser convocado o sometido a indagaciones Sánchez consideró como lo más adecuado esperar el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) y esperar las conclusiones del Ministerio Público.

“Creo que debemos ser respetuosos de esas dos instancias para poder determinar si estaba bien o no, en el momento en que tengamos los informes respectivos”.

Por su parte el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, recordó que días atrás Zumbado mencionó su interés en poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información que tuviera en sus manos.

“Me parece que ya existía una coordinación en ese sentido, entonces no sé las razones que tuvo el señor fiscal, son respetables para mí aunque me parece que no hacía falta la intervención y en todo momento don Fernando mostró anuencia a colaborar con información”, reseñó Arias.

Lo que está haciendo la Fiscalía es recabar toda la información para su análisis y luego de la evaluación se determinará si se debe presentar una denuncia ante los Tribunales.

En caso que se detecten irregularidades en el uso de $1,5 millones, si la Fiscalía quisiera encausar a Fernando Zumbado, tendría que sortear la inmunidad que le cobija. En ese supuesto, el expediente tendría que ir a la Corte Plena, que determinaría su envío a la Asamblea Legislativa, y los diputados serían los responsables de resolver sobre la continuidad del proceso.