Las tarjetas de crédito y el consumidor
Erick Ulate Quesada *
Dado el constante incremento en el costo de la vida, ha cobrado nueva relevancia el endeudamiento de los costarricense por medio de tarjetas de crédito, lo cual ha llevado a algunos diputados a proponer proyectos de ley cuyo único objetivo es la regulación de los intereses que cobran los emisores de tarjetas, dejando de lado una serie de problemas que sufre el consumidor en este mercado y que requieren de una legislación especial.
Olvidan estos legisladores que ya en el año 2005 Consumidores de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de Regulación del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Costa Rica, expediente 15.991, el cual todavía, luego de tres años, no ha sido dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto pretende dar a los emisores de tarjetas y a los tarjetahabientes iguales responsabilidades y derechos, ya que actualmente todas las responsabilidades son asumidas por los usuarios, mientras los bancos y emisores gozan de la protección que les da la falta de legislación en la materia.
En este contexto, uno de los principales problemas con que se enfrentan los usuarios es la utilización de sus tarjetas por personas ajenas a ellas, situación que se regula obligando a los comercios a exigir la cédula o el pasaporte a quienes pretendan hacer uso del dinero plástico, evitando así fraudes.
En caso de que el comercio acepte tarjetas sin la debida comprobación de identidad, deberá asumir el costo total de la transacción.
Otro aspecto importante a destacar es la reducción de plazos de respuesta de los emisores de tarjetas ante los reclamos de los usuarios, ya que actualmente los bancos se toman hasta seis meses para dar respuesta a los consumidores, cuando el período para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 es de solo dos meses, con lo cual cuando el banco responde ya ha caducado la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión.
En este sentido, es necesario destacar que el proyecto presentado por Consumidores de Costa Rica no aborda el tema de los intereses cobrados a los consumidores ya que ese monto está ligado de forma directa con la categoría de riesgo del tarjetahabiente, de tal forma que entre mayor riesgo de maridad del deudor, mayor es la tasa de interés, por lo que al limitar ese rubro se estaría dejando a una gran parte de la población sin posibilidad de acceder a este servicio.
Desgraciadamente, este proyecto ha contado con la oposición, principalmente de los bancos del Estado, supuestamente quienes deberían tener mayor conciencia social por ser públicos, pero además la indolencia de algunos legisladores provocará que en menos de un año esta importante iniciativa sea archivada en perjuicio de toda la sociedad costarricense. Se necesita del apoyo de la población si se pretenden corregir los problemas apuntados en este mercado.
* Presidente Consumidores de Costa Rica
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