Doce años sombríos en derechos para personas con discapacidad

• Gobierno, instituciones públicas y privadas y sociedad en general imponen barreras, físicas y emocionales a esta población, algunas veces por desconocimiento.

Luis Miguel Herrera Castro
lherrera@prensalibre.co.cr

El descuido y desinterés de las autoridades en el país es tal, que en las cercanías del Hospital San Juan de Dios no existen rampas de acceso para discapacitados. Esta señora debe esforzase para subir su hijo a la acera, frente al centro médico.

Segura es un joven no vidente a causa de una retinosis pigmentaria, miopía y astigmatismo pero desde hace más de un año labora en atención al cliente en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, sede la Uruca, y también es el encargado del Comité de Información de las Personas con Discapacidad.

Precisamente, el relato de Leonardo engloba muy bien la situación de muchas personas con algún tipo de discapacidad física en nuestro país. Simplemente no se respetan sus derechos, algo grave tomando en cuenta que desde el 29 de mayo de 1996 fue promulgada la Ley 7600 o Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

A criterio de afectados directos y entes rectores en la materia, para doce años de estar vigente la ley es muy poco el avance y el respeto que existe para las personas con algún tipo de discapacidad que, como lo describió Leonardo, no tienen discapacidad, simplemente la sociedad se la impone. Se preguntará cómo la sociedad hace eso. El simple hecho de llegar a un centro comercial de cuatro pisos y solo conocer el primero puesto que no existen elevadores o rampas para personas en sillas de ruedas.

O por ejemplo una persona con problemas visuales que se ayuda con un perro guía, pero que no puede disfrutar de una hamburguesa en un restaurante de comida rápida pues no permiten el acceso a animales. Ambos casos ilustran algunas de las limitantes que impone la sociedad a este sector de la población.

“Qué es más fácil, devolverle la vista a una persona que no puede ver o ser tolerantes y respetuosos de los Derechos Humanos y dejarlo pasar con su perro guía al restaurante o al bus; es cuestión de sentido común, pero eso no pasa en nuestro país”, relató Adriana Retana Salazar, directora ejecutiva, del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree).

“Eso pasa porque históricamente el enfoque que se le ha dado a la discapacidad es un enfoque médico en donde hablamos que es la persona que tiene el problema, entonces si tenés una discapacidad es tu problema y no lo vemos como una responsabilidad social”, indicó Retana Salazar.

La funcionaria del Cnree expresó que “dentro del marco de los Derechos Humanos Costa Rica hizo la Ley 7600, que tuvo un espíritu de renovación y que permite a la persona con discapacidad demandar sus derechos, en ese sentido es un instrumento válido. Sin embargo en lo que es el cumplimiento de la ley, es una materia pendiente a nivel nacional”, apuntó Retana. Tal y como explicó, el poco el interés o bien la falta de conocimiento de la sociedad costarricense y sobre todo de la clase política, en materia de discapacidad y sus derechos, hace que en 12 años de vigencia de la ley el único transitorio o cambio que se la hecho es autorizarle a los transportistas que hasta dentro de ocho años tenga la flotilla con rampas de acceso.

A la fecha la ley carece de un apartado donde se establezcan penas a las personas que incumplen la Ley 7600. A este momento en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya 20 países se sumaron, sin embargo Costa Rica aún no lo ha hecho.

Nuestro país ya aprobó sumarse a la convención, no obstante es la Asamblea Legislativa la que debe ratificar la sumatoria. De sumarse nuestro país, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad mejoraría, tomando en cuenta que le otorgaría penas a la aplicación de la Ley 7600.

Según datos del ultimo censo, Costa Rica tiene una población de 203 mil personas con discapacidad, sin embargo podrían ser más.

En educación es tal la descoordinación en el tema que incluso los datos de la población no coinciden. Por ejemplo según el Ministerio de Educación Pública para 2005 se encontraban matriculados un total de 15.667 estudiantes con alguna discapacidad en Atención Directa pero según los datos, 42.121 estudiantes fueron atendidos por medio de Servicios de Apoyo Fijo y 4.102 por medio de Apoyo Itinerante. Los datos no coinciden.

67% de las personas que requerían
ayuda técnica no la recibieron.

Las causas para no asistir a clases son:
45% enfrentó falta de dinero
25% enfrentó falta de transporte ade
cuado
25% por actitudes negativas
22% por falta de comunicación
22% por barreras físicas

Los lugares donde hay más dificultades
de desplazamiento están:
42% en clínicas
38% en escuelas, colegios o
universidades
37% en edificios públicos
34% en parques nacionales

Entre 32 y 40% en el uso de servicios como los baños, la existencia de asientos, los mostradores y las oficinas de información

En lo laboral se encontró que el 26% de las personas con discapacidad están desempleadas.

De las personas con discapacidad que están desocupadas:
67% tiene un año o más de buscar empleo.

59% creen que la principal razón por la que no encuentran trabajo es por su misma discapacidad.

De aquellos que sí laboran, más del 50% del ingreso que reciben se destina a gastos del hogar.

71% casi nunca reciben capacitación laboral para trabajar
87% indican que el Estado no los apoya en asuntos laborales.

Fuente: Cnree.