Presos en Guantánamo pueden a acudir a tribunales de EE.UU.

César Muñoz Acebes
FOTOS EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, reconoció el derecho de los detenidos en la base de Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad.

Se trata de la tercera decisión de la máxima corte del país que extiende derechos a un lugar que la administración de Estados Unidos ha querido dejar al margen de cualquier ley, incluso de los tratados internacionales.

El Supremo emitió su dictamen por un margen mínimo, cinco contra cuatro, ante la oposición de los miembros más conservadores de la corte.

El magistrado Anthony Kennedy escribió el fallo en nombre de la mayoría y en ella declaró que "las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ir unidas".

En cambio, Antonin Scalia, quizá el juez más conservador, advirtió de que "la nación lamentará lo que ha hecho el Tribunal" y que el dictamen dificultará la lucha contra el terrorismo.

"Casi ciertamente causará más muertes de estadounidenses", afirmó Scalia.

Pese a la profunda división de opiniones en el seno de la máxima corte del país, la decisión de la mayoría es la que cuenta y en ella los magistrados dictaminaron que los aproximadamente 270 extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos, pese a que esa base está en territorio cubano.

El parecer del Tribunal permitirá a los detenidos escapar el sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.

El dictamen probablemente provocará una oleada de recursos ante las cortes federales estadounidenses y reactivará algunas demandas que jueces de menor rango habían paralizado, pendientes de la decisión del Supremo.

Desde que 20 detenidos llegaron en enero de 2002 por primera vez a las jaulas de metal que inicialmente se usaron para alojarlos en Guantánamo, el Tribunal Supremo se ha constituido en el principal freno a la pretensión del Gobierno de encerrar a sospechosos de terrorismo de forma indefinida y sin dar explicaciones.

Un dictamen anterior había obligado a la administración a establecer unas juntas militares de revisión de la situación de cada detenido, para determinar si merecen continuar encarcelados. Anteriormente, los presos no tenían ni siquiera ese derecho.

El Tribunal Supremo determinó que ese sistema no constituye un mecanismo justo de análisis de los casos.

En esas juntas, denominadas formalmente "tribunales de revisión del estatus de los combatientes", los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten confesiones realizadas bajo tortura.

En una declaración jurada enviada al Supremo, el teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas" hechas por el Pentágono. Ese affidávit pudo ser una de las razones por las cuales el Supremo aceptara el caso poco menos de tres meses después de haberlo rechazado. Fue el primer cambio de juicio de este tipo en 60 años.

El Congreso, por su parte, fue un aliado de Bush hasta 2006, cuando estaba bajo control de los republicanos.

Ese año aprobó la "Ley de las Comisiones Militares", que negaba expresamente a los detenidos de Guantánamo el derecho de pedir su puesta en libertad ante los tribunales federales, norma que el Supremo declaró inconstitucional.

El presidente de EEUU, George W. Bush, afirmó que respetará la decisión del Tribunal Supremo que sostiene que los presos en Guantánamo tienen derechos constitucionales en EEUU, aunque no está de acuerdo con ella.

Bush compareció en Roma en una rueda de prensa junto al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con el que se reunió para tratar sobre asuntos como el programa nuclear iraní y la situación en Afganistán.

Según afirmó, "estoy de acuerdo con los (jueces) disidentes de la opinión mayoritaria", que manifestaron que "la nación lamentará lo que ha hecho".

Bush indicó que estudiará la introducción de legislación "que pueda ser apropiada para que los ciudadanos en EEUU puedan considerarse protegidos".

En Italia, Bush y Berlusconi trataron, entre otras cosas, del programa nuclear iraní y de la situación en Afganistán.

Bush reiteró que si Irán no acepta la oferta de incentivos económicos que se le propondrá la semana próxima, será necesario recurrir a sanciones más duras para persuadir a Teherán de que renuncie a sus actividades para enriquecer uranio.

Por su parte, Berlusconi reiteró la voluntad de su país de eliminar el cáveat que hasta ahora limitaba la presencia de sus más de 2.000 soldados en Afganistán al norte de ese país, la zona menos problemática.