Una cuestión de enfoque

Ante las críticas surgidas en torno a los reajustes diseñados por el Gobierno en los impuestos que pesan sobre los combustibles, la Casa Presidencial ha iniciado una especie de ofensiva tendiente a desvirtuar algunos de los señalamientos que se han hecho.

Pero, la forma en que lo hace deja ver, una vez más, que no escucha los argumentos, sino que contraataca en busca de su único objetivo, que desde su perspectiva es lo único fundamental.

Mientras en varios países el Gobierno puso su cuota de sacrificio sobre la mesa y redujo los impuestos sobre los combustibles para encarar la emergencia derivada de los precios sin precedentes en el mercado internacional, aquí se han mantenido los ajustes trimestrales, que por cierto, sumados a lo largo del año, representan un porcentaje mayor a la inflación. Entonces, debemos partir de la base de que ya hay una estructura destinada a que el Gobierno logre incrementar sistemáticamente los ingresos por los impuestos a los combustibles.

El segundo tema aquí es que los porcentajes de impuestos son excesivos, al llegar a un 42 por ciento promedio. Es cierto que esta administración no fijó la tasa, pero también lo es el hecho de que, sistemáticamente, se ha negado a destinar el valor de esos impuestos al uso que está previsto en la legislación costarricense. Sí ha incrementado las transferencias para el arreglo de las carreteras con respecto a las administraciones anteriores, pero no alcanza a girar el 100 por ciento de los recursos, porque sigue la vieja práctica de usar los dineros para lo que ocupe, en lugar de usarlos conforme a la ley.

En su esfuerzo, Casa Presidencial se enfoca particularmente en una crítica que desde el inicio planteamos aquí en LA PRENSA LIBRE. Sostiene que no es correcto que se diga que aprovecha la circunstancia de la crisis de precios del petróleo para generar nuevos ingresos.

Pero, da la casualidad que el incremento en el impuesto a la propiedad de los vehículos diésel no lleva a otra cosa que eso. Y esta afirmación es independiente de si con ese impuesto se busca consolidar o no un principio de solidaridad, para que quienes no lo requieran no se beneficien de la eliminación del impuesto en el diésel.

Son, definitivamente, dos asuntos diferentes, y el segundo no le quita veracidad al primero, toda vez que con ello se establece una diferencia a favor del fisco estimada inicialmente en 8 mil millones de colones.

Otro aspecto en el que Casa Presidencial induce a error –para ponerlo bonito- es cuando sostiene que en el caso del gas LPG, es la Refinadora Costarricense de Petróleo la que se constituye en contribuyente del impuesto. En teoría, se podría plantear así, pero solo si se quiere obviar la realidad de que si Recope paga ese impuesto, este se convierte en un factor de costo, que luego, por definición, entraría en el cálculo del precio final para el consumidor.

Eso, entonces, lleva a que finalmente, como parte del costo o como impuesto indirecto, los consumidores son los que terminan pagando la diferencia.Y, finalmente, tener un carro de gasolina no es sinónimo de tener más dinero. Si el Gobierno dice lo contrario, debería probarlo.