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>>ECONOMÍASan José, Costa Rica, Martes 25 de marzo de 2008, 09:10:26.


•Primera etapa de Alfa promete poner mayoría de servicios en línea

Fundaciones universitarias se disputan millonario proyecto en el INS

• Consultoría determinará si se desechan varios contratos informáticos

María Siu Lanzas
msiu@prensalibre.co.cr

Con la implementación del proyecto Alfa, el INS pretende que ningún trámite dure más de tres días, con excepción de los complejos, que conllevan un riesgo adicional para la institución.
Un millonario proyecto promete digitalizar la mayoría de los servicios que actualmente ofrece el Instituto Nacional de Seguros (INS), con el fin de simplificar y agilizar los trámites de cara a la competencia.

Actualmente las fundaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) se disputan el desarrollo de la primer etapa del proyecto Alfa, que culminaría a finales del 2009, pues el plazo máximo para la implementación es de 18 meses.

El INS empleará los servicios de cualquiera de las dos fundaciones a través de un convenio bipartido, cuya figura es permitida por el artículo dos de la Ley de Contratación Administrativa.

El convenio requiere el refrendo de la Contraloría General de la República y en este momento falta el visto bueno de un comité especializado para su elevación a la Junta Directiva del INS.

La idea es que para esa fecha los usuarios puedan realizar la mayoría de los trámites relacionados con aseguramiento y reclamos en línea, explicó la directora del proyecto Alfa en el INS, Alejandra Castro, quien añadió que a través de la red podrían hacerse todos los procesos de seguros solidarios, de automóviles y personales.

Cabe destacar que en este momento el INS tiene en línea la consulta del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y la subscripción para las pólizas de riesgos en el trabajo.

“Queremos que la compra de una póliza pueda hacerse en días y no en meses, para poder competir en un mercado abierto. La pretensión es que cualquier trámite no dure más de tres días, con excepción de los procesos que conllevan un riesgo más complejo y requieran una reaseguradora”, dijo Castro.

La funcionaria rechazó que la primera etapa del proyecto tuviera un costo de ¢2.490 millones, tal como se publicó en enero en el diario oficial La Gaceta. “Ese dinero engloba no solo el proyecto Alfa en las tres etapas, sino también proyectos paralelos del Plan Integrado de Competitividad del INS. El costo no lo damos a conocer para no orientar con cifras a ningún proveedor, pero ya tenemos el financiamiento. Está presupuestado, aunque esperamos gastar menos”, señaló la directora del proyecto.

Castro reconoció que en un principio el INS pensó en firmar un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero que no prosperó por el tipo de trámites y se optó por las
universidades estatales.

La directora de Alfa aclaró que por ahora planean utilizar lo que tienen en el INS para simplificar los trámites a los clientes, por lo que no está prevista la compra de equipo ni programa específico.

“Diagnóstico a licitación internacional”

De la mano con la primera etapa del proyecto Alfa, el INS trabaja en la segunda parte, que consiste en contratar a una empresa para que haga un diagnóstico de la plataforma informática de la institución mediante una licitación internacional.

“En dos meses iniciará la licitación. Estamos traduciendo el cartel para permitir la mayor participación de empresas”, comentó la directora, Alejandra Castro.

La segunda etapa podría llevar al desecho, por parte del INS, de servicios de outsourcing asociados a la parte informática. “Se va a valorar la pertinencia de esas contrataciones. El consultor nos va a decir si la plataforma es la idónea o si se requiere de una modernización”, añadió la funcionaria.

En caso de que la consultoría diga que no requieren de un cambio en la plataforma tecnológica, no se hará una tercera etapa. Sin embargo, en el INS ven esa conclusión como poco probable.

Castro afirmó que tienen suficientes controles en el INS para evitar que la institución invierta millonarias sumas de dinero en proyectos de informática que al final pueden fracasar, cuyos casos ya han sido cuestionados por la Contraloría.





 



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