La óptica de Tributación

Hace pocos días, fue publicado en el diario oficial La Gaceta un decreto que autoriza a la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda a variar la base de cálculo del impuesto de ventas para las microbuses y los camiones de carga.

La justificación utilizada por las autoridades para el nuevo decreto es el supuesto de que se estarían presentando problemas de subfacturación en las importaciones de este tipo de vehículos, y eso es lo que se quiere combatir.

Se dice, también, que el margen de utilidad de los importadores es de más de un 100 por ciento, lo cual es otro elemento para sustentar la decisión.

Está bien que se quiera evitar la evasión. Está bien que se quiera evitar la subfacturación. Está bien que se tomen medidas para incentivar el pago de impuestos conforme con la ley. Está bien que se sancionen los incumplimientos en materia tributaria.

Pero, lo que no está bien es que se parta de supuestos para tomar decisiones. Cada cambio que se incorpore debe estar sustentado en hechos. Y si en todo caso no se quiere señalar un fundamento o este no existe, entonces lo correcto es que se diga que la medida se tomó de manera arbitraria porque se considera que es lo mejor.

Los supuestos implican grandes riesgos. Y en materias como la que nos ocupa, aún más.

Es común que se piense que los importadores utilizan diversos recursos para bajar el monto correspondiente a los impuestos. Pero, de allí a que se tomen medidas sin corroborar los hechos, no es serio.

En materia penal, está establecido que nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario. Es un principio lógico. Pero aquí, Hacienda aplica la tesis contraria: primero se va a suponer que hay subfacturación y luego, si es necesario, eventualmente se podría verificar.

Lo otro es que Hacienda va a establecer su propia tabla. Y este no es un elemento nuevo. Ya en noviembre pasado advertíamos que, curiosamente, los vehículos de varios años de uso estaban aumentando su valor fiscal, y en algunos casos, apenas estaban cayendo poco, en contraste con la práctica tradicional de que perdían valor de manera importante año con año.

Esta política está llevando a que los vehículos viejos que circulan en el país tengan precios de mercado muy elevados, y que los nuevos, se lancen aún más.

Es obvio que el Gobierno requiere de recursos para encarar las actividades diarias que le competen. Pero no caben aquí interpretaciones de perfil suicidas como las que han llevado a Hacienda a imponer el decreto de marras.

Es grave que el precio lo fije el que fija el impuesto. Debería establecerse una mecánica que introduzca algún tipo de control cruzado entre el nuestro y los países de procedencia de los vehículos, de manera que se pueda tener una idea de los valores de los carros porque, de lo contrario, es seguro que muchos modelos recuperarán mágicamente sus valores originales una vez que ingresen a territorio costarricense.