Editorial
La absolutoria de un periodista
El proceso penal a que fue sometido por varios años el periodista Adrián Marrero, fenecido el día de ayer con una sentencia en la cual se declara su absolutoria, nos provoca una profunda reflexión sobre lo que está viviendo nuestro país.
No solo estamos sometidos a un cruento régimen de delincuencia, sino que queda demostrado que por medios legítimos, y peor aún, judiciales, a un periodista, representante en esencia de la libre opinión de una sociedad, se le puede impedir el ejercicio de su profesión.
Porque la prensa ha sido definida con todo acierto como “fiscal de la sociedad”, y se le permite ser en su nombre la más efectiva vigilante para evitar que los poderes públicos se desvíen y abusen, lo más urgente que hacen las dictaduras no es otra cosa que callarla.
En otros lares, no muy lejos de nosotros, lo hacen por medio de las armas. En un país democrático como el nuestro e irrenunciablemente civilista, lo intentarán lograr por medio de mecanismos lícitos.
Marrero se abocó, por encargo del medio al cual trabaja, a la investigación de los pormenores del crimen de Parmenio Medina.
Este hecho debería ser un valioso apoyo para las autoridades de investigación judiciales. ¿Por qué? Porque están sometidas a una serie de limitaciones que las mismas leyes establecen, y además porque un periodista tiene más confiabilidad, libertad, acceso y, muchas veces, mejor preparación indagatoria que las mismas autoridades.
De manera que el matrimonio entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público con la prensa debería ser estimado y permanente. Decimos, mientras el temor de alguien en aquellas dos primeras instancias de que le roben presencia mediática, no aparezca. En esto, como en todas partes, el ego personal debe dar campo a la honestidad profesional, para producir un buen resultado investigativo. La sociedad necesita, urgentemente, que los delitos sean resueltos.
A Adrián Marrero le “montaron” una imputación criminal. Para amedrentarlo, con el estilo de las mejores prepotencias y abuso de poder, lo vinieron a sacar de sus oficinas de trabajo esposado, como un vulgar delincuente. Efectiva manera de bajarle el ánimo y el valor a un ser humano.
Montado ya el proceso en su contra, luego de “apaciguarlo” con varias horas en dos celdas diferentes, le impusieron “muy oportunamente” la medida cautelar de no acercarse a testigos, no obstruir la investigación sobre el asesinato de Parmenio. En resumen: lo sacaron de la misma.
Esto fue, sin duda alguna y como lo hemos dicho, una forma legítima de impedirle a un periodista cumplir una labor.
El delito prescribió, o fue dejado que prescribiera. Algo de escrúpulos les quedó a los autores de esta estrategia.
La factura de una prensa mancillada y coartada no la paga solo el periodista víctima, sino también la sociedad entera. El país debe abocarse ahora a examinar si hace conciencia de qué está sucediendo y si va a permitir que lo ocurrido pueda volver a repetirse. Tras la excusa de que la proliferación de la delincuencia nos obliga a poner en manos de las autoridades herramientas más fuertes y efectivas, no podemos olvidar que igual de importante es en quién depositamos las mismas. Porque se pueden convertir, sencillamente, en cuchillo para nuestro propio cuello.
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