Cambio de prioridad

Hace poco más de un año, el presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, lanzó un reto al sector productivo: alcanzar los 18 mil millones de dólares en exportaciones anuales para 2010.

Sin embargo, la semana pasada el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, hizo saber al país que ese reto ya no era prioritario para la administración. Ahora, el enfoque estará puesto en la atracción de inversiones.

El cambio de criterio deja en el ambiente una estela de duda en torno a las verdaderas razones que lo han generado. En principio, da la impresión de que es resultado de una imposibilidad material no confesa por las autoridades del Gobierno, para alcanzar esa meta.

Ello pese a que el ministro Ruiz se apresuró a aclarar que esa no era la situación, en el marco de una amplia entrevista con LA PRENSA LIBRE.

Y es así porque el propio funcionario admite que el enfoque sobre la atracción de inversiones obliga a poner atención a muchos elementos de diversa magnitud que pueden estar haciendo menos atractivo el país para las grandes empresas internacionales.

Es un tema en el que Costa Rica ha quedado debiendo históricamente, porque no se han atendido situaciones con la infraestructura vial, o los requerimientos en materia de electricidad y telecomunicaciones, gracias a las políticas restrictivas que en materia presupuestaria le han impuesto diversas administraciones al Instituto Costarricense de Electricidad.

Desde esa perspectiva, el cambio puede ser favorable. El riesgo, sin embargo, es que no se concreten las acciones indispensables para seguir adelante y ese riesgo es real en el tanto desde hace muchos años escuchamos hablar, por ejemplo, de la urgencia de revisar la tramitología excesiva y sin sentido que establece la legislación nacional para casi todo.

Incluso, en diversas administraciones se ha encargado el asunto de manera directa a funcionarios de altísimo nivel en el Gobierno -ministros o vicepresidentes- sin que se hayan dado pasos concretos para resolver los excesos.

Por cierto que quienes defienden ese exceso de trámites que impera en nuestro país, lo han hecho advirtiendo que de hacerse modificaciones, se dejaría el espacio libre para los negociados irregulares con fondos públicos. Pero la historia reciente nos demuestra que la corrupción está allí y no se ha podido evitar con esas medidas, que más bien solo han dificultado desarrollar las obras y los proyectos que el país necesita.

La actual administración, por ejemplo, tiene un funcionario con rango de ministro, dedicado a lo que han dado en llamar “competitividad”. Nos referimos a don Jorge Woodbridge. Y tiene otro funcionario, ahora ya con un ministerio real, a cargo de lo que llaman “coordinación institucional”.

Habremos de esperar a ver si se logra avanzar en la dirección correcta, aunque después de dos años de Gobierno, pareciera que la tramitología está consumiendo los esfuerzos para combatirla. Algo así como cuando alguien se enreda en sus propios mecates…