Reforzarían proyecto de Seguridad Ciudadana con otras propuestas

• Los diputados buscan incorporar al plan del Poder Ejecutivo los expedientes que están en otras comisiones, como la de Juventud, la de Sociales, la de Gobierno y sobre todo Jurídicos

Aarón Sequeira Chinchilla
plibre@prensalibre.co.cr

Evita Arguedas apuntó que el trabajo por la seguridad debe ser mancomunado, dejando de lado la politización en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En este sentido Luis Barrantes, presidente de esa plana legislativa, aseguró que no quieren que la Comisión se politice y que cada diputado no busque que se apruebe algún proyecto presentado por él, sino que se forme un megaproyecto que ataque todas las debilidades que se conocen en cuanto a la seguridad ciudadana, con ayuda de los demás.

Muchas de esas propuestas son más puntuales y se enfocan en algunas debilidades de la legislación actual.

Después de la sesión de la Comisión de la semana pasada, los diputados integrantes decidieron mandar el texto a consulta por varias instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, los ministerios de Gobernación y Seguridad Pública, Migración y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De igual forma será consultado en Hacienda y en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por el capítulo referido al Centro de Intervenciones de las Comunicaciones.

También se aprobó pasar el proyecto presentado por el Ejecutivo en primer lugar de la lista, pues la idea es que al conocer este comiencen a ver los proyectos que están en las comisiones de Asuntos Jurídicos, de Gobierno y Administración, de Juventud, Niñez y Adolescencia, y en la de Asuntos Sociales, para analizar de qué forma se integrarían en el proyecto 16.973.

Según los legisladores miembros, el proyecto de José Luis Vásquez que aumenta las penas por el delito de receptación (topadores), expediente 16.400, fue enviado a consulta facultativa en vista de los fallos técnicos que presentaba, pero estaría regresando esta semana. Entre otros, se dice que incrementa en forma exagerada las penas, cuando muchas veces el delito se comete inconscientemente, pues el objeto robado se recibe sin conocimiento de causa.

Sobre el procedimiento que lleva la Comisión, Jorge Méndez, del partido Liberación Nacional (PLN), dijo que las audiencias a los especialistas estaban listas, pues el martes que sesionaron la última compareciente sería Ana Carcedo, de Cefémina, quien no pudo asistir por razones de salud, pero que ya habían empezado a trabajar en el conocimiento de los proyectos y la convocatoria a los que están en otras comisiones.

Evita Arguedas, diputada independiente, expuso que no quieren doblar el trabajo al conocer una por una las propuestas, sino conocerlas al mismo tiempo para ver qué se puede introducir.

“Lo más importante es hacer algo por el pueblo, que es el que sufre más con esta situación. No queremos duplicar esfuerzos, sino trabajar todos unidos por el beneficio del país. Queremos buscar coincidencia entre el proyecto integral y otros, no dictaminar por separado”, apuntó Arguedas.

Luis Barrantes, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, apuntó que hay algunas partes que deben ser revisadas, por ejemplo el de posesión de armas, pues considera que hasta cierto punto se quiere desarmar al pueblo. También señaló debilidades en cuanto a la reforma a Migración, pues antes que hacer un “añádese”, se está entendiendo un “refórmese”, el cual dejaría en deuda la legislación, no la reforzaría.

Igualmente apuntó errores de repetición y de redacción que irán solucionando sobre la marcha.

De igual manera, buscan actuar para que la Ley, que actualmente es más garantista, pues protege los derechos de los infractores, no tanto los de las víctimas.

La fracción del PLN, por su parte, indicó puntos que considera importante añadir para fortalecer el proyecto, entre otros incluir nuevas causales para dar prisión preventiva al crimen organizado y a las personas con reincidencia delictiva. Asimismo, se quiere incluir un título sobre hacer juicios más expeditos para delitos en flagrancia, poner un límite a la conciliación para los acusados (solo una vez cada cinco años), y además restituir el delito de resistencia a la autoridad.

Otros puntos importantes son la autorización para intervenciones telefónicas para investigar homicidios y delitos sexuales, y limitar las potestades del fiscal para decidir cuándo se archiva el caso, para que sean aplicados los criterios oportunamente.