El Tribunal Ambiental Administrativo denuncia presiones de Canatur y Uccaep

Krissia Morris Gray
kmorris@prensalibre.co.cr
Foto: Adriana Araya Chaves

Mario Leiva Vega, José Lino Chaves y Jorge Bonilla, vicepresidente, presidente y secretario del TAA respectivamente, indicaron que pese a las presiones, seguirán adelante con su función.

Según comentaron los jueces, las amenazas y presiones iniciaron este año con las barridas ambientales que se llevaron a cabo en Gandoca-Manzanillo, en Limón, y en Santa Cruz de Guanacaste.

José Lino Chaves López, presidente del TAA, aseguró que tanto la Uccaep como la Canatur enviaron notas al Ministerio de la Presidencia, al presidente de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quejándose de la actuación emprendida por esa instancia en lo que respecta a la intención de cierre e informar de ello a la prensa.

Indicó que producto de las acciones emprendidas, el TAA —que es una instancia de desconcentración máxima del Minae— ha sido blanco de una campaña de desprestigio.

“Compartimos algunas de las cosas que ellos dicen, pero le decimos a los señores de la Cámara y de Uccaep que este no es el mecanismo adecuado para presionar, porque el TAA, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, es un ente independiente que no tiene de manera administrativa un órgano superior en funciones. Por eso consideramos que si la intención de los señores de la Cámara y de Uccaep es presionar a través de los señores Ministros, no lo van a hacer”, reafirmó Chaves.

Añadió que “me parece que ellos deberían estar pendientes de que sus propios afiliados cumplan con las normativas ambientales. Estamos conscientes y claros de que muchos de ellos son responsables con el ambiente, pero en lo que sí no estamos de acuerdo es con el mecanismo que ellos usan para presionar. Si tienen dudas en nuestro accionar que vengan aquí y que colaboren con lo que el TAA ha hecho”.

Al mismo tiempo determinó que sería lamentable que las autoridades gubernamentales los llamaran a cuentas por las notas enviadas por los representantes turísticos y empresariales, debido a que emiten criterios independientes.

Chaves dijo que tanto él como el juez Jorge Bonilla Cervantes recibieron amenazas de muerte, hechos que prefiere considerar como aislados.

Mario Leiva Vega, vicepresidente del TAA, determinó además de que “no nos van a callar, no dejaremos de cumplir nuestra función pese a las múltiples amenazas que hemos sufrido y nos han seguido en las noches, seguimos siendo jueces hasta que finalice nuestro mandato”.

Los tres jueces del TAA procedieron a presentar denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En la actualidad, el TAA tiene una serie de causas abiertas de investigación seguidas contra proyectos habitacionales y turísticos que a su criterio lesionan el ambiente, por ello declinó a puntualizar cuáles otros empresarios o grupos empresariales los están presionando.

En tanto el presidente de Canatur, Gonzalo Vargas Alfaro, negó que su representada estuviera presionando al TAA sino que más bien lo que pretende la entidad es el respeto al debido proceso, a fin de proteger a los clientes y disminuir los efectos negativos que puede ocasionar la medida al país.

Mencionó que la carta enviada tanto al Ministro de la Presidencia como al Ministro de Turismo nació producto de un comunicado de prensa elaborado por el TAA que invitaba a la prensa a presenciar el cierre de establecimientos turísticos y muchos de éstos desconocían que esa situación se iba a dar, pues no habían sido notificados.

“No estamos aplicando ninguna medida de presión sino que buscamos que se siga el debido proceso establecido en el marco legal de derecho. No estamos en contra de los cierres pero sí de la forma en el que se estaba realizando”, puntualizó Vargas.

Se le consultó las razones por las cuales se envió la nota al Ministerio de la Presidencia y no al TAA y respondió que fue debido a que el Gobierno cuenta con una política tendiente a aumentar el número de turistas.

En la nota enviada por la Uccaep a Roberto Dobles, jerarca del Minae, con fecha del 8 de mayo, se hace referencia también al respeto del debido proceso, por lo que se mostraron en contra del “espectáculo mediático y amarillista” que daba el TAA.

“Deseo dejar claro señor Ministro, que como sector socialmente responsable, estamos en total acuerdo que se haga cumplir la legislación en todos sus extremos y que se proceda en total apego a la normativa, no obstante rechazamos todo intento por mediatizar estas acciones en contra de los derechos de los administrados”, se indica en la carta suscrita por Manuel Rodríguez, presidente de la Uccaep.