La toma de decisiones

La ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, se ha quejado en una amplia entrevista con LA PRENSA LIBRE sobre el hecho de que muchas entidades públicas tomen parte en decisiones que deberían restringirse a su dependencia.

Se refiere, por ejemplo, al rol que juegan la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que de manera indirecta pueden terminar definiendo las prioridades en materia de infraestructura vial en el país.

El tema no es sencillo, pues los controles que llevan adelante instituciones como las citadas son importantes para asegurar que los proyectos se desarrollen con un alto sentido de responsabilidad.

Pero, cuando se observa cómo a través del tiempo muchas de las obras de infraestructura vial en realidad han sido ejemplo notable de desorden y desperdicio, surge un gran signo de interrogación alrededor de ellas.

Recientemente, aquí en LA PRENSA LIBRE hemos ilustrado cómo los trabajos de ampliación del viejo puente de un carril en la ruta entre León XIII, en Tibás y la Uruca, en San José, están paralizados por determinación de la Setena. Y todo se resume al hecho de que se haya talado un árbol para dar paso a esa ampliación.

En ese puente han ocurrido muchos accidentes que han costado la vida a varias personas y han dejado mutiladas a otras. Pero este es para muchos un tema secundario cuando de defender un árbol se trata. Y al decirlo, es posible que se nos critique, pero el problema es resultado de la falta de perspectiva con que muchas veces se ven las cosas en nuestro país.

Hemos reportado, también, en los últimos días, cómo gran cantidad de proyectos turísticos se encuentran paralizados a falta de las resoluciones de esa Secretaría.

Y no es que estemos planteando que no deba haber controles, o que quienes tienen el dinero para desarrollar los proyectos deben tener el derecho a imponer sus reglas. No. Lo que pasa es que el sentido común dice que todo debe hacerse sobre la base de un sentido de oportunidad. Y aquí se suelen justificar los atrasos en los proyectos y hasta el abandono de estos, en la necesidad de seguir procedimientos que muchas veces no tienen sentido ni permiten alcanzar los objetivos para los cuales fueron establecidos.

El Estado debería revisar, por tanto, los procedimientos establecidos en los diferentes frentes. Es sano que haya controles, pero estos no deben servir para paralizar las obras.

En materia de contratación, también es imperativo un ajuste. La Ministra se queja, por ejemplo, de que es urgente sumar al proyecto de concesión de la Bernardo Soto y la General Cañas el tramo norte de la Circunvalación, para ganar tiempo en una obra que es necesaria pero de la cual no se ha hecho absolutamente nada a la fecha. Lo que sucede es que es la Contraloría la que determinará si eso es correcto o no, a pesar de que quien debe tomar las decisiones en materia de obra vial es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es otro ejemplo de cómo las leyes entraban los procesos. A nuestro juicio, simplemente se deberían establecer procedimientos para hacer las cosas de manera práctica, sin que eso necesariamente implique una irregularidad.