Ocho imputados tendrían que pagar una indemnización por $135 millones

Sylvia Núñez Chaves
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Foto: Adriana Araya

William Rodríguez, representante de la CCSS, expuso ayer a los jueces el monto designado a pagar a cada uno de los acusados, al igual como lo hicieron sus colegas de la Procuraduría (adelante) minutos antes.

Los representantes de la Procuraduría General de la República y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) detallaron uno a uno los dineros que tendrían que cancelar por los daños social y moral que causaron a la sociedad.

El primero en detallar los montos fue Rónald Víquez Solís, de la Procuraduría, quien notificó que Gerardo Bolaños Alpízar, Rafael Ángel Calderón Fournier, Juan Carlos Sánchez Arguedas, Olman Valverde Rojas, Eliseo Vargas García, Walter Reiche Fischel, deberán pagar 89.170.590 dólares de forma solidaria. Asimismo anunció que igual suma debería cancelar la Corporación Fischel S.A. y la empresa O Fischel R S.A., representadas por el imputado Walter Reiche.

La ex primera dama de la República, Gloria Bejarano, esposa de Calderón, por estar demanda civilmente debería pagar 78.990 dólares mientras que, Servicios Médicos Comedica S.A., de la cual Juan Carlos Sánchez, ex gerente de Modernización de la CCSS, es tesorero, se le asignó la suma de 30.000 dólares.

El abogado Juan Marco Rivero, defensor de Rafael Ángel Calderón, protestó una vez escuchada la cifra porque según dijo al Tribunal Penal de Hacienda, se dio un cambio de pretensiones que en su momento se presentaron por escrito en la audiencia preliminar. En su respuesta Víquez recalcó que el monto ya estaba establecido así desde antes y que para eso existían los videos para que se corrobore.

Víquez Solís estimó que los más de 89 millones de dólares eran suficiente para pagar el daño que causaron al cometer el delito de corrupción y que en cuanto al daño moral era imposible decir cuánto repercutió en el pueblo este escándalo.

Por eso pidió a los jueces que se evaluaran las investigaciones periodísticas hechas a raíz de este escándalo para demostrar el daño moral que sufrieron los costarricenses.

“Hemos sido afectados en las diferentes etapas del proceso con esa legitimación para representar los intereses de los costarricenses y finalmente hoy estamos participando de esta etapa final del debate. Nosotros de acuerdo con unas pruebas que tenemos que van a ser aquí evacuadas hemos determinado que posiblemente el daño social que estamos reclamando anda alrededor de los 89 millones de dólares”, expresó Gilberth Calderón Alfaro, de la Procuraduría General.

Pasadas las 8 de la mañana, William Rodríguez Alvarado, representante de la CCSS, detalló los montos por las demandas civiles y los costos procesales que ellos consideran deberían ser cancelados por cada uno de los imputados.

Las pretensiones económicas contra los mismos demandados civiles son de 31 millones de dólares para reponer el daño moral y 15 millones de dólares por los costos personales y procesales.

Las empresas representadas por el ex presidente de la corporación Fischel, Walter Reiche, también son demandados civiles por parte de la Caja.

Rodríguez en representación de sus compañeros Rónald Víquez y el doctor Javier Llobeth hizo entrega al tribunal de varios documentos enviados por el Ministerio Público de Panamá que fueron recolectados en los últimos meses. En los próximos días la presidenta del estrado Teresita Rodríguez Arroyo anunciará si estas nuevas pruebas fueron aceptadas.