Diputados buscan solución a clamor de vecinos en Región Sur

• El problema es que los criterios externados por entes de Gobierno han sido en su mayoría desfavorables, por diferentes criterios

Aarón Sequeira
asequeira@prensalibre.co.cr

Alberto Salom, del PAC, dijo que la solución para las familias de la zona fronteriza podría salir de una comisión interinstitucional que analice el tema.

La situación los pone entre la espada y la pared, sobre todo porque ante la presión de los ciudadanos se opone la posición de diferentes entidades del Poder Ejecutivo, cuyos argumentos han sido negativos sobre el proyecto.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ellos deben vigilar el cumplimiento de tratados y convenios internacionales que establecen la prohibición expresa de poder asentarse en esos lugares bajo el amparo de un título de propiedad.

Jorge Ugalde y Arnoldo Brenes, asesores de la Cancillería, apuntaron que además la aprobación o desaprobación del proyecto no puede ser exclusivo de la Asamblea Legislativa.

“Estamos de acuerdo en que la problemática existe y que debe ser solucionada. El Estado tiene la obligación de solucionarlo, pero la Cancillería tiene obligación de velar por las disposiciones constitucionales, nacionales e internacionales, que Costa Rica debe observar”, complementó Arnoldo Brenes.

Olga Corrales, presidenta de la Comisión de Gobierno, consideró que el tema sigue siendo complicado, puesto que la mayor parte de representantes del Ejecutivo se han manifestado en contra, excepto el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Corrales indicó que estos últimos consideraron que deben analizar a fondo la propuesta, y estudiar si la solución es viable.

“Como está el proyecto no va a pasar, hay que buscar una iniciativa que reúna todas las condiciones. Estoy a favor de ayudar a la gente, pero debe privar el interés nacional por sobre el privado o particular”, comentó.

Añadió que aún no podía decir si estaba a favor o en contra de la propuesta tal como se encuentra hoy día.

Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que el IDA y la Procuraduría General de la República no han emitido criterio negativo del expediente, pero que era necesario bajo qué condiciones, qué restricciones y el marco en que se aplicaría la titulación.

“La Asamblea Legislativa puede tomar la decisión, pero yo propuse la conformación de una comisión multisectorial, que incluya al IDA, la Procuraduría, la Comisión de Gobierno, la sociedad civil, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería”, adjuntó.

Señaló que el fin de esta sería analizar una salida de conjunto y ver cuál sería una solución que se pueda lograr para los vecinos de la milla fronteriza.