Cruce de facultades

El presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, decidió vetar el proyecto de Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.

Ya aquí en LA PRENSA LIBRE nos habíamos pronunciado en contra de esa iniciativa, aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa, debido a que, pese al genuino interés que pudiese generar en torno a los temas de conservación de la naturaleza, la verdad es que vendría a restar en una ecuación que ya de por si le está resultando negativa al país.

La preocupación fundamental es que con una normativa como esa, casi cualquier proyecto de infraestructura, pública o privada, podría ser paralizado por años e incluso no llegar a realizarse nunca, debido a la oposición de quienes residan en los poblados aledaños.

Y, si bien en principio es sano pensar que puedan tener algo que decir, el tema de fondo sigue siendo la protección del ambiente. En esa medida, lo que se requiere, en primer lugar, son regulaciones adecuadas y, en segundo lugar, una vigilancia plena de su aplicación, así como un severo castigo a las faltas.

Pero, entre estar en desacuerdo con una iniciativa de ley y admitir un veto bajo los argumentos que ha utilizado el Poder Ejecutivo en este caso, hay grandes diferencias.

En lo fundamental, no se puede argumentar por parte de la Presidencia de la República que la pretendida legislación roza con la Constitución Política, porque este es un tema cuya discusión compete exclusivamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Siempre hemos defendido la obligación del Gobierno de gobernar. Y dentro de ese concepto, está claro que el Poder Ejecutivo tiene unas atribuciones a las que no puede seguir renunciando, ni aún en aquellos casos en que esto suponga la posibilidad de comprarse el disgusto de la oposición, como lo hemos apuntado reiteradamente en el caso de las relaciones con el Partido Acción Ciudadana.

Pero entre esto y lo de ahora, hay una gran diferencia. Simplemente se dio un mal paso, y se pretende revertir la situación bajo un argumento cualquiera. No es nuevo en esta administración, que se ha sacado de la manga criterios legales para llevar adelante acciones poco comunes en el medio costarricense, como aquella en la que el presidente Arias salió del país y no dejó a cargo a la entonces vicepresidenta de la República.

Los diputados deben encontrar una salida a este entuerto, porque sienta un mal precedente para la institucionalidad del país. Y de paso, deben entender que no pueden seguir legislando de manera irresponsable. Es curioso, pero los diputados, de ahora y de antes, han demostrado una gran habilidad para copiar lo malo que se da en la Asamblea Legislativa y repetirlo como si fuese lo mejor. Por eso terminaron votando esta ley, gracias a que incluyeron el proyecto en uno de esos típicos paquetes que se someten a votación sin conocer realmente qué normas introduce. Es una lección obligatoria.