Nuevo libro analiza acceso a la información pública en el país

• La obra “El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico costarricense” se complementa con una investigación de campo sobre prácticas administrativas

Angie López Arias
alopez@prensalibre.co.cr

El acceso a la información pública es un derecho de todo ciudadano.

Por esa ausencia de una normativa que permita a las personas acceder a información en poder del Estado, es que el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se unieron para crear un libro.

La obra “El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico costarricense” se convierte en una importante herramienta de consulta para quienes están interesados en conocer la evolución del derecho a los datos públicos del país y la situación actual en cuanto al tema.

El libro, escrito por Jorge Córdoba, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), se complementa con una investigación de campo sobre prácticas administrativas de acceso a la información llamada “La cultura de acceso a la información en las instituciones públicas de Costa Rica”, realizada por Carolina Carazo, actual directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.

Ambos trabajos plantean las características principales del derecho a la información y lo relacionado con esto en los ámbitos legislativos, doctrina y jurisprudencia.

El presidente del Iplex, Eduardo Ulibarri, comentó que el libro recopila la normativa que en ocasiones incide positivamente y en otras negativamente en el acceso a la información pública, también hace un análisis del texto constitucional que garantiza el derecho a la información pública.

Además, estudia los pactos y convenciones internacionales en los que Costa Rica es dignataria, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la de algunos organismos internacionales e incluso contempla pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Presenta un panorama de todo lo que existe y lo hace de forma clara. Al conocer en qué se fundamenta el derecho de Costa Rica y quién lo tutela, se pueden invocar textos y fundamentos si una institución se niega a dar información pública”, aseveró Ulibarri.

El periodista dijo que contemplan efectuar un proyecto que consiste en la confección de un manual práctico que contendría hasta machotes de cartas para adaptar a las diversas circunstancias que se pueden presentar de ser el caso que una entidad niegue el derecho al acceso de información a un ciudadano.

Con respecto a la investigación realizada por Carazo, Ulibarri dijo que los resultados fueron desalentadores en cuanto a las prácticas que tienen las entidades pues apenas el 50% de las 14 instituciones autónomas contempladas en el estudio respondió las preguntas y los cuestionarios.

Por medio de esos cuestionarios que se enviaron, se demostró según las conclusiones de la investigación, que aún en Costa Rica no solo hay valores y pautas comunes en torno al derecho de acceso a la información, sino que tanto por el bajo índice de respuesta como por los argumentos que remitieron, se deduce que la publicidad y difusión de ese tipo de información pública se hace por salir del apuro.

“Todavía queda mucho camino que andar, muchas veces no es por una deliberada intención de no dar información, sino que es una situación que está incorporada en la cultura de las instituciones. Ni siquiera los funcionarios saben dónde está la información”, recalcó el comunicador. Ulibarri considera que los periodistas en general tienen más posibilidades de recibir información o de que un funcionario les atienda en comparación con un ciudadano, sin embargo, en ocasiones sí se niega esa información recurriendo a estrategias como “dar largas” a lo solicitado o no negándola deliberadamente.

Con los ciudadanos lo que ocurre es que conocen menos las vías para buscar información, no disponen del tiempo necesario y si las instituciones no le brindan la facilidad, desisten y no se preocupan por insistir en obtenerla.

Ulibarri manifestó que la Sala Constitucional ha sido defensora del derecho al acceso a la información pública pues argumentó que si se revisan diversos recursos de amparo se puede concluir que esa instancia ratifica e impulsa ese derecho, sin embargo, lo que sigue preocupando es la inexistencia de una ley específica de acceso a la información pública.

“Lo ideal es que en Costa Rica hubiera una ley que estableciera procedimientos y garantías para los ciudadanos así como normativas que deban seguir las instituciones para divulgar la información”, agregó.

El objetivo principal de Iplex, según añadió Ulibarri, es promover el ejercicio y fortalecimiento de la libertad de expresión en Costa Rica, y parte sustancial de esa libertad es el acceso a la información.