Fallos de fallos

Esta semana, la Sala Constitucional le ha obsequiado al país tres resoluciones que, en conjunto, deberían llamar la atención no precisamente sobre los aspectos de los que se ocuparon los magistrados, sino aquellos de los que se desentendieron.

El primero se trata de una resolución que se trae abajo el aumento tarifario en una ruta de buses del sur de Limón, toda vez que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no realizó la audiencia pública al efecto en lengua bribri.

El segundo es una resolución que obliga al Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a ofrecer la información sobre las rutas intersectoriales –que ni siquiera han entrado en operación- en braille.

El tercero es la resolución que obliga al MOPT a obligar, a su vez, a los taxistas, a contar con taxímetros sonoros, de manera que los puedan escuchar las personas ciegas. Sin ánimo de ofender a nadie, solo falta que ahora una persona que ni ve ni oye le pida a la Sala que ordene taxímetros en braille.

Eso último es una forma de advertir que estamos cayendo en exceso en la interpretación del concepto de igualdad. Es deseable, ciertamente, que todos tengan las mismas oportunidades en una sociedad. Pero lo que está haciendo la Sala está alcanzando matices similares a aquellos de ciertas sociedades comunistas en los que se pretendió quitarle a quien tenía, para darle a quien no tenía.

Estamos claros en que el tema es muy sensible, y una mala interpretación de estos argumentos puede llevar a reacciones de diversa índole. Pero alguien tiene que ponerle freno a esa tendencia tan marcada de los magistrados de hacer interpretaciones demasiado amplias de la normativa constitucional.

Ya en el paso criticamos el hecho de que se ordenara que el 100 por ciento de los buses debían tener rampas para sillas de ruedas. Y con el tiempo, pese a que el tema sigue en el tapete, la realidad ha reafirmado que hay allí una exageración. A la fecha, cuando si acaso un 25 por ciento de las unidades tiene ese recurso, en muchos casos el costoso equipo de está herrumbrando por falta de uso.

Por otro lado, se dice que es necesario que los ciudadanos con alguna limitación física puedan circular libremente por nuestras calles y avenidas. Pero se colocan semáforos directamente en el camino que deben utilizar; se eliminan las rampas de acceso a las aceras; se levanta el nivel de las calles, entre otros inconvenientes.

A veces cuando se revisa la acción de la Sala, va quedando aquella sensación de que le resulta muy fácil a los magistrados resolver aquellas cosas que de alguna manera debe hacer un actor privado, que las que quedan plenamente bajo la batuta del sector público.

Y lo otro es que los fallos, aunque supuestamente se refieren a asuntos que pueden afectar por igual a muchos ciudadanos, siempre se refieren a un caso en particular. Si se defiende un principio constitucional, ¿no debería cada fallo extenderse a lo general para no caer en favoritismos o discriminaciones?
Pareciera, en fin, que es tiempo de echarle un ojo a lo que está más allá de la Constitución Política.