CGR refrenda convenio con el BCIE para construir nueva Casa Presidencial

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

El Ministerio de la Presidencia podrá desarrollar las obras de la nueva Casa Presidencial cuyo valor supera los $38 millones, siempre y cuando dé un detalle presupuestario previo a la Contraloría.

El pasado 27 de junio la CGR devolvió con refrendo el Convenio Marco de Intención suscrito entre las partes interesadas en ejecutar la iniciativa denominada “Arrendamiento con opción de compra de inmueble para construcción de la casa presidencial de la República de Costa Rica”, así como un addéndum al mismo refrendo.

El proyecto como tal consiste en la adquisición de terrenos, la construcción del inmueble y su correspondiente arrendamiento, el equipamiento de mobiliario, cómputo y mantenimiento mayor durante toda la vigencia del arrendamiento. Para ello se buscarán terrenos “prioritariamente” en distrito de El Carmen, Cantón Central de San José o en su defecto en terrenos que la Presidencia de la República y el BCIE definan como idóneos.

La inversión en la nueva Casa Presidencial será $38.000.000 al cierre de su primer etapa, la cuota máxima de arrendamiento acordado por las partes es de $2.358.765; partiendo de ese punto la Contraloría considera necesario ampliar los detalles del presupuesto ligado a la construcción contemplando cantidades, materiales, mano de obra y precios unitarios relativos a las obras. Asimismo solicitó un plan de inversiones final que contemple tanto la obra civil como los restantes rubros que integran la inversión directa.

En el oficio Nº 05971 l destaca que el Directorio del BCIE, mediante la resolución DI-185/2007 del 25 de junio de 2007, autorizó la participación de esa entidad como desarrollador, propietario y arrendador del proyecto destinado a construir un inmueble para la casa presidencial en ciertos terrenos propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sobre la iniciativa pactada entre las partes la Contraloría destacó que si bien el BCIE comprará el terreno, el Ministerio de la Presidencia no podrá ejercer la opción de compra para pagar un terreno cuyo valor va más allá del valor determinado por medio de un avalúo administrativo. De tal forma que al ejercer la opción de compra el Ministerio sólo podrá pagar el monto establecido en dicho avalúo y la diferencia del valor pagado de más por el BCIE deberá ser asumida por el citado Banco.

Con el propósito de no pagar sumas innecesarias la Contraloría dispuso que el contrato de arrendamiento no se haga a través del Registro Público sino que el Ministerio de la Presidencia lo ejecute a través de la Procuraduría General de la República, que es la Notaría del Estado.

Para que sea posible la orden de inicio el ente fiscalizador solicitó un presupuesto detallado de las obras, el plan de inversiones, el análisis técnico y financiero en que se sustenta la aprobación del Ministerio y la designación de los responsables de dicha revisión. Antes de que el documento llegue para su revisión al BCIE, la Contraloría deberá aprobarlo para corroborar el acatamiento de sus disposiciones en el contrato refrendado en junio.