Libertad de Expresión

Hay dos principios que van de la mano: la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. El segundo pierde cualquier sentido que pudiera tener, cuando no se garantiza el primero.

Y hay un tercer elemento —la libertad de prensa— que completa el cuadro. Si ninguno de los dos primeros principios existe, por definición no puede darse el tercero, por más que sobre el papel se diga lo contrario.

Ahora bien: en los entrecruces que se dan, necesariamente, entre uno y otro, la libertad de expresión no puede caber tampoco donde no se garantiza la libertad de prensa. No porque sean sinónimos, sino porque si se acalla a la prensa, se termina por coartar la libertad de expresión de alguien o de algunos.

Es lo que ocurrió de manera sistemática con la fiscal del Ministerio Público, Guiselle Rivera, a quien paradójicamente un grupo de periodistas le concedió recientemente el premio a la defensa de la libertad de expresión.

Hay cuestiones que son de criterio, y hay ocurrencias que se caen por su propio peso. Lo del premio está dentro de la segunda línea, porque la fiscal se ha caracterizado, al menos en lo que toca a los medios de comunicación del Grupo Extra —casa editora de LA PRENSA LIBRE— a negar información, a rechazar entrevistas y a no dar declaraciones.

Peor aún, en el caso del periodista Adrián Marrero, director de Radio América, esa funcionaria se tomó la atribución de exigirle que no investigara un hecho noticioso.

Desde esa perspectiva, hay una enorme contradicción entre el propósito del mencionado premio y la actuación de la fiscal. Y solo ese hecho desvirtúa totalmente el reconocimiento.

Está claro que la fiscal, como cualquier persona en este país, puede discrepar sobre la forma en que se realiza una investigación periodística. Pero de allí a pretender prohibirla hay una gran diferencia que, sin duda, o ignora o pasó por alto adrede la funcionaria en cuestión.

Suponemos que quienes tuvieron a su cargo la selección le dieron prioridad al hecho de que la fiscal Rivera llevara la responsabilidad de representar al Estado en el sonado juicio por el asesinato del señor Parmenio Medina Pérez. Pero, no debemos olvidar que era su obligación, en tanto le fue encomendado por sus superiores jerárquicos, como funcionaria pública que es. Y, en todo caso, allí no estaba defendiendo la libertad de expresión, por la que fue asesinado el señor Medina, sino defendiendo el derecho de la víctima a que se haga justicia.

Son dos cosas muy diferentes, que no deben ser confundidas desde ninguna perspectiva. No estamos hablando aquí de pequeños detalles, sino de cuestiones de fundamental importancia, toda vez que la actuación de la persona a la que ahora se premia, ha estado en entera contradicción con aquello que se le pretende reconocer.

Es, sin duda, otro grave error de aquellos que tienen la responsabilidad —por demás temporal— de representar al gremio de periodistas de este país.