Otro reto para Guatemala

La vuelta a su país del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, después de más de cuatro años en el exilio en México, supone un nuevo reto para la frágil democracia de aquella nación.

Portillo enfrenta una acusación por malversación de fondos, por un monto cercano a los 15,5 millones de dólares, lo cual se habría dado durante su administración, entre 2000 y 2004.

Sin embargo, evadió la posibilidad de enfrentar a la justicia durante el Gobierno de Óscar Berger, pues según alega, este habría estado presionando a los jueces para que se le condenara a prisión.

Las historias sobre supuestos casos de corrupción en Guatemala han sido recurrentes, primero durante las dictadoras militares, y más recientemente, en la vida democrática, en el caso del ex presidente Jorge Serrano Elías, quien vive refugiado en Panamá, después de evadir un juicio en su país.

Cuando se presentan estas situaciones en países que pese a haber dado el paso hacia elecciones directas, no consolidan todavía un régimen de igualdad y de justicia, las dudas florecen tanto en torno a las motivaciones para las denuncias como en lo que respecta al resultado de los procesos judiciales.

Portillo es militante del Frente Republicano Guatemalteco, y accedió a la candidatura en vista de que la Constitución Política de su país no autorizaba la inscripción del ex general golpista Efraín Ríos Montt, precisamente por ese antecedente de haber accedido, de facto, al poder.

En ese sentido, de cara a un eventual juicio contra Portillo, no se puede obviar el peso político que mantiene Ríos Montt, pese a que no logró variar la legislación en su segundo intento por ser candidato presidencial.

Y, también de frente a la posibilidad de un juicio que no está en firme todavía pues no se ha terminado de formalizar la acusación, se debe poner atención al marco legal que se aplicaría. En ese sentido, en realidad una posible sentencia no necesariamente obligaría al involucrado a devolver los dineros sustraídos, sino solo a pagar una multa que va de 66 a 660 dólares.

Si se toma en cuenta que el peculado es un delito que solo pueden cometer los funcionarios públicos, pareciera que hay allí una intencionalidad de no comprometer a nadie. Incluso, la pena de cárcel va de apenas 3 años, a 10 años.

No es cuestión de que se condene a Portillo como una especie de señal para el país y para el mundo. No es cuestión de que se libere de responsabilidad a Portillo como una especie de exoneración para con él. Este proceso es mucho más complejo para un país que enfrenta índices de delincuencia política muy elevados, y que no ha podido construir un cuadro de división real de poderes, amén de que tampoco ha encontrado un escenario adecuado para el posicionamiento de un cuestionado ejército en el que hay muchos que todavía se resisten a no ser quienes den las órdenes.

Este caso vuelve a poner a Guatemala en la encrucijada, y el rumbo que tome puede, al mismo tiempo, determinar el rumbo del país.