Impulso crítico

En los últimos días, el presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, ha encabezado un movimiento de su Gobierno en procura de lograr apoyo a una serie de proyectos que impulsa, pero que han sido blanco del ataque de diversos sectores de oposición.

En el fondo, la actitud del primer mandatario parece más resultado de la frustración en que se cae al no poder avanzar en asuntos que parecen relativamente sencillos, pero que terminan complicándose en las formas más insospechadas.

Pero, la actitud del presidente puede ser, más bien, contraproducente. Es cierto que el país no puede rendirse ante la parálisis, pero se debe entender que hasta las situaciones más absurdas, como el recurso de amparo contra la construcción del nuevo Estadio Nacional, están fundamentadas en recursos legales establecidos en nuestro marco normativo.

Desde esa perspectiva, quedan dos caminos para salir adelante. O se trata de hacer las cosas a la brava, incluso imponiéndose ante aquellas normas legales que suponen algún conflicto, o se proponen y se defienden los cambios legales necesarios para hacer del funcionamiento del Estado algo más sensato.

El presidente Arias ha optado por lo primero. Después de todo, si no encuentra nuevas piedras en el camino, habrá podido avanzar en algunos temas.

Lo malo de esa elección es que ahora, los sectores de oposición están viendo con lupa fina y grande cada una de sus acciones, y así, siempre encontrarán alguna oportunidad para interponer un recurso legal cuestionando lo que sea.

Entonces, esa opción no parece viable, porque más bien puede llegar a suponer mayores costos financieros, amén de que ya de por sí implique más tiempo.

Así, solo queda ver la otra vía. Cierto que el camino de las reformas legales para construir nuevos escenarios de acción para el Gobierno pueden suponer un largo desgaste. Pero cualquier avance en esta materia implicaría una aceptable limpieza de terreno para seguir adelante.

En otras palabras, si se buscan mayores atribuciones para el Gobierno en ciertos campos, o se eliminan algunas de las potestades de veto que tienen los ciudadanos hasta para las cosas más elementales, entonces se estará diseñando una estructura donde el Gobierno queda posibilitado para tomar decisiones,
Por supuesto que esto exigirá de cada gobernante un mayor nivel de compromiso, en el sentido de cumplir las normas vigentes al impulsar cada uno de los proyectos de su administración.

Pero, si no es por esa vía, y si se sigue evitando que el Gobierno tome decisiones, bajo la premisa de que podría tomarlas mal, lo que vamos a tener es un país en caos, a falta de acción del Gobierno. Y una vez que lleguemos allí, ya no habrá vuelta de hoja, porque todos se habrán acostumbrado a ese caos, perdiendo la perspectiva para entender la necesidad del cambio.

Quizá aún estemos a tiempo.