Un hito histórico

El próximo lunes tres de noviembre, se iniciará en el Segundo Circuito Judicial de San José, un juicio en el que uno de los principales acusados es el ex presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier.

Al margen del tema de si es culpable o no, será la primera vez en que, en nuestro país, un ex presidente se siente en el banquillo de los acusados, en un foro judicial. Y en este caso, por delitos que típicamente se ubican en la esfera de la corrupción.

Este juicio, por tanto, ha de arrojar luces sobre los verdaderos alcances de la legislación costarricense en esa materia, porque aún hoy no hay claridad en torno a ciertos temas. Por ejemplo, lo que pueda caer en la esfera del tráfico de influencias.

Durante mucho tiempo en nuestro país han circulado versiones en el sentido de que en el sector público se puede favorecer ciertas actividades con afán de, indirecta o directamente, beneficiar a gente cercana al poder político. Pero, salvo un caso en que en el pasado se juzgó a un ex ministro por supuestamente haber utilizado materiales de construcción de la dependencia que tenía a su cargo, no se reportan otros procesos en la vía judicial.

En ese escenario, lo que comienza el lunes marca un hito en la historia del país, a pesar de que se debió llegar a este momento hace mucho tiempo, toda vez que los hechos por los cuales se va a juicio se dieron desde hace ya demasiados años. Y hay que apuntarlo aun a pesar de la complejidad que se puede alegar, existente en este tema, como también podría decirse de la causa contra el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, a la sazón en el mismo problema de dilación.

Y, una vez que termine el juicio, para lo que no se ha previsto de momento alguna fecha, se completará un primer cuadro con las resoluciones que dicten los jueces que constituyen el Tribunal que juzgará este caso.

El juicio, en todo caso, agrega otro ingrediente particular: el de las aspiraciones presidenciales de Calderón, quien pretende ser el candidato del Partido Unidad Social Cristiana en las elecciones de 2010.

Todos estos elementos suman para poner a prueba al sistema judicial costarricense. No implican que debe o que no debe llegarse a una condena, pues eso dependerá de las pruebas que se aporten para respaldar cada acusación, a la luz de lo que dictan las leyes aplicables. Pero sí se está ante una prueba de fondo al sistema, porque de la credibilidad que el proceso genere, dependerá en mucho lo que la gente perciba de nuestra realidad en el futuro.

La gente, entretanto, puede tener incluso y como suele ocurrir, conclusiones adelantadas. Pero estas no deben distorsionar el marco de objetividad con que se deben valorar los diferentes elementos.

Los jueces, los abogados, los fiscales y hasta los mismos imputados en este proceso, además de ser partícipes en este hecho histórico, tienen ante sí la responsabilidad de respetar el sistema y las leyes aplicables, para que el juicio se desarrolle de manera ordenada y correcta. Y el público, por su parte, pese a las pasiones políticas que se puedan gestar en el camino, no debe perder de vista que estos temas son del ámbito judicial y deben quedarse allí.