Palabras sin hechos

Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) han lanzado un fuerte cuestionamiento en torno a la actuación de Federico Sosto como magistrado suplente de la Sala Constitucional.

Ya han pretendido argumentar que le ha causado un daño irreversible a la constitucionalidad en el país, supuestamente porque mientras ejercía como magistrado suplente, al mismo tiempo fungía como asesor del presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en algunas materias.

Y las nuevas manifestaciones de los legisladores del PAC en torno a un viejo tema, siguen prevaleciendo pese a la decisión de Sosto de renunciar a la magistratura suplente.

Ahora, hay diputados que reclaman que la decisión llegó tarde, e incluso aspiran a que el Colegio de Abogados suspenda al letrado.

De primera entrada, se podría entender que en todo esto priva el interés de que haya una absoluta transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Lo que pasa es que al revisar las actuaciones de los diputados del PAC, quedan serias dudas de que este no sea simplemente un ejercicio de corte politiquero.

Nótese que desde el PAC, se han instrumentalizado acciones tendientes a impedir que el Poder Ejecutivo opere. El presidente político del PAC ha usado a los diputados de esa agrupación para bloquear las iniciativas del Poder Ejecutivo en diversos momentos, solamente para que el Ejecutivo no pueda avanzar.

Esto tiene que ver directamente con el tema de la separación de poderes, de la que tanto han hablado los diputados en las últimas semanas. Porque el Congreso tiene unas responsabilidades, mientras que el Ejecutivo tiene otras. Y a pesar de ello, en varios casos, los señores del PAC no han respetado esas diferenciaciones.

Recordemos que prácticamente el PAC le declaró la guerra al Gobierno porque el presidente Arias no quiso darle a Solís una posición de una especie de segundo presidente. Y eso a partir de una antojadiza interpretación de que el Presidente no debía asumir toda la responsabilidad, porque no había sacado una amplia mayoría en las elecciones de 2006. Toda una nueva filosofía de gobierno.

Y esos reclamos vienen de un partido cuya presidenta también asesoraba al Gobierno. Y al no cuestionar esto otro, lo han justificado sosteniendo que se hizo con el buen ánimo de ayudar en la cosa pública.

Entonces, unos tienen la obligación de ayudar, pero otros no. Es algo que no parece calzar en una buena dinámica de función pública.

Por cierto que, a pesar de las críticas en el caso de Sosto, los diputados del PAC todavía no encaran el reto de establecer nuevas regulaciones en materia de nombramiento de magistrados suplentes. Esa es una tarea inherente a la Asamblea Legislativa, pero que aún no aparece sobre el tapete.

De nuevo aquí, se percibe un interés de hablar del problema, pero sin resolver el problema. ¿Será acaso un recurso para hacer política? Eso le haría un muy flaco favor al país.