Ministra de Seguridad aduce incapacidad para asumir protección de víctimas y testigos

• Indicó que se trata de una deficiencia en presupuesto y en material humano, además de falta de especialización

Aarón Sequeira
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Foto: Pablo Montiel

La ministra de Seguridad Pública, Janinna del Vecchio, señaló que su cartera no se podría hacer cargo de una oficina de protección de víctimas y testigos, sino que debería ser el Ministerio Público el responsable.

Aseguró que, tal como en otros países, esta labor debería recaer en la policía de la Fiscalía, pues son los que recurrentemente se especializan en ello.

Explicó que la protección a víctimas, testigos y jueces implica muchos detalles, entre ellos el resguardo temporal del protegido, su desplazamiento, nueva documentación para la persona, la dotación de recursos para su subsistencia, así como la colocación en un nuevo lugar de empleo.

Del Vecchio dijo que actualmente numerosas labores recaen en la Fuerza Pública como para venir ahora a hacerse también cargo de la protección de testigos.

En su exposición, señaló que con la sofisticación del país surgen nuevos delitos por reprimir, y que ya existe una dependencia que se ha hecho cargo de la protección en muchos casos, que es la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

“Tenemos 113 protecciones pendientes, así como 119 que no se dieron. Se necesitarían cuatro personas por persona por día para brindar la protección, eso hablando de policías rasos, que ganan ¢250 mil por mes”, comentó.

Según la Ministra, eso significaría ¢100 millones por mes. Sin embargo, dijo que el personal requerido para esta labor en muchos casos deben ser profesionales que ganan ¢800 mil.

Elizabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que esta oficina para la protección de testigos debería estar adjunta más bien al Ministerio Público, puesto que son los que llevan los casos, y que estaba de acuerdo en que el protector no debía estar al nivel del policía raso.

Ana Helena Chacón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que la encargada de la protección debe ser una policía muy especializada, y que podría estar en el Ministerio Público pues los casos están ahí.

En cuanto al financiamiento para este programa, la mayoría apuntó a que Hacienda debe designar un destino específico, pues no se puede jugar con las incautaciones, pues no se sabe cuánto es esto por año.

Luis Barrantes, presidente de la Comisión, dijo que otra cosa que deben dejar en claro es la conexión que debe existir entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública.