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>>INTERNACIONALESSan José, Costa Rica, Lunes 22 de setiembre de 2008, 11:37:11.


• Bolivia

Morales urge acuerdo para referéndum constitucional pero oposición pide tiempo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso un acuerdo para que el Congreso apruebe antes del 1º de octubre la convocatoria para el referéndum constitucional, pero sus opositores autonomistas piden más tiempo para dialogar. (Foto: EFE)
La Paz (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso un acuerdo para que el Congreso apruebe antes del 1º de octubre la convocatoria para el referéndum constitucional, pero sus opositores autonomistas piden más tiempo para dialogar en la mesa de negociación abierta en la ciudad de Cochabamba.

El intercambio de propuestas y contrapropuestas de acuerdo entre Morales y los prefectos autonomistas ha marcado las últimas horas del llamado diálogo nacional, que entró este domingo en su cuarta jornada sin que hayan cerrado aún consensos significativos para poner fin a la crisis que afronta Bolivia.

Aunque el Gobierno y los opositores insisten en mantener el diálogo para superar la crisis del país, difieren en los tiempos necesarios para cerrar acuerdos.

Morales busca un acuerdo inmediato, para las próximas horas si es posible, sobre la convocatoria al referéndum constitucional, para lo cual presentó a los prefectos un documento en el que propone el 1º de octubre como fecha para que el Congreso apruebe la ley correspondiente.

Garantiza también hacer compatible del régimen autonómico que reclaman las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca con la nueva Carta Magna, según el portavoz presidencial Iván Canelas.

Pero los gobernadores autonomistas piden más plazo para dialogar, al menos un mes, como se estableció en el preacuerdo que permitió abrir el diálogo de Cochabamba.

Los prefectos han respondido a Morales con otra propuesta de acuerdo en la que básicamente reclaman prolongar el proceso de diálogo para que las mesas técnicas elaboren sus trabajos de forma ininterrumpida y permanente y cerrar temas específicos a partir del próximo 25 de setiembre.

Posiciones

El representante de los gobernadores autonomistas, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, no se opuso a la convocatoria de la consulta constitucional, pero rechazó una fecha tan inmediata como propone Morales, al considerar que sería tanto como aceptar a ciegas el texto de Carta Magna que impulsa el oficialismo. Por eso pidió que las comisiones técnicas continúen con sus trabajos, al indicar que antes de llegar a ese acuerdo hay otros temas medulares que discutir.

Cossío admitió que hay cierta presión por parte del Gobierno para llegar a acuerdos, pero recordó que “esto recién ha empezado”, por lo que reclamó paciencia.

“Creo que todo va a ir bien (...) pero dejemos trabajar a las mesas”, recomendó el prefecto, quien apostó por dar oxígeno a lo que denominó “un proceso de construcción de confianzas y soluciones”.

Así, el Ejecutivo de Morales ve poca predisposición en sus opositores para cerrar los temas de conflicto y cree que la actitud de los prefectos es una táctica dilatoria para continuar con el golpe civil que causó la ola de violencia de las últimas semanas.

Esta es al menos la opinión del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien además advirtió a los prefectos que el nuevo texto constitucional no se puede abrir, porque sería desconocer el trabajo de la Asamblea Constituyente.

En similares términos se expresó el viceministro de Descentralización, Fabián Yasick, quien considera que en las próximas horas se debe producir un acuerdo. “No podemos estar definitivamente conversando”, señaló.

Temas

Hacer compatibles las autonomías que reivindican los prefectos opositores con la nueva constitución de Bolivia es uno de los temas centrales de la mesa de diálogo de Cochabamba.

El otro asunto medular es la distribución territorial de las rentas petroleras que proceden del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Sobre este asunto sí se ha producido un primer acuerdo, en la comisión técnica que lo debate, para garantizar el pago de la llamada Renta Dignidad (una ayuda directa a los ancianos) con fondos procedentes del IDH y restituir el sobrante a las prefecturas.





 



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