¿Será necesario?

El próximo primero de mayo, la Asamblea Legislativa asistirá, de nuevo, a la elección de su Directorio. En esta oportunidad, para la cuarta y última legislatura del actual período de Gobierno.

Igualmente, las fracciones partidarias representadas en el Congreso definirán lo correspondiente a sus jefaturas, como suele ocurrir cada año, aunque en el pasado, se cuentan algunos pocos casos en que se dio la continuidad en esos cargos.

Al revisar lo que tendrá lugar este primero de mayo en la Asamblea, queda, sin embargo, una sensación extraña. Y es que, en el fondo, da la impresión de que en el momento actual el sistema costarricense conserva muchas cosas más producto de la costumbre que de la necesidad, de la sana lógica o del sentido común.

En primer lugar, no parece necesario ni conveniente que cada año se designe un presidente en la Asamblea Legislativa. Este debería quedarse los cuatro años del período, dándole un matiz diferente a ese cargo. Hemos insistido en el pasado, y vale la pena reiterarlo ahora, que la elección anual luce más con el fin de llenar el currículum de los políticos, que por un sentido de institucionalidad en el país.

Pero esto tiene relación directa con otros asuntos, como la elección de diputados contra lista previa de nombres, quitando la posibilidad a los votantes de seleccionar entre varios aspirantes, de manera directa, el que ellos prefieran.

En el caso de las jefaturas de fracción, ocurre algo similar. Se abre la posibilidad de que hasta cuatro personas ocupen ese cargo en un mismo período de Gobierno, de manera que puedan registrarlo en su historial, aunque no haya tenido ningún peso específico en la acción del Congreso.

Pero ha habido una resistencia sostenida de los diferentes partidos políticos para cambiar esta situación.

A ella se suma, adicionalmente, esa práctica cada vez menos provechosa, de destinar varias sesiones a la discusión del informe del Presidente de la República. Porque, al final de cuentas, este ejercicio tiene un sentido eminentemente político, pero no alcanza a implicar ni una cosa ni otra para los costarricenses.

Dicho de otro modo, en su forma actual si se elimina la discusión del informe, no pasa absolutamente nada en el país, salvo porque la Asamblea absorbería esas sesiones para tratar otros asuntos.

No estamos frente a un escenario en el cual los diputados puedan realmente llamar a cuentas al Presidente, respecto de la acción de Gobierno. Y como si eso fuese poco, en realidad, los partidos políticos tampoco se han tomado en serio este ejercicio, de manera que al final, los diputados de oposición de limitan a cuestionar hasta lo incuestionable, mientras sus pares del oficialismo se limitan a defender hasta lo indefendible.

Ese ejercicio no suma nada provechoso para el país. Es un ejemplo contundente de las cosas que deben cambiar, si se quiere ir adecuando el sistema democrático a los tiempos actuales. Después de todo, los formalismos sin sentido terminan siendo enemigos de la democracia.