Piden apurar proyecto para edificación de centro para reos psiquiátricos

Krissia Morris Gray
kmorris@prensalibre.co.cr
Foto: Diana Chaves

Los empleados y pacientes del HNP llegaron al primer poder de la República para pedirle a los diputados que el centro para reos acusados sea construido por Justicia y no por la CCSS.

Según indicaron los manifestantes, las decisiones de los jueces ponen en peligro y en riesgo a los pacientes civiles y al personal que labora en el HNP, debido a que las personas remitidas por los juzgados no son pacientes mentales, sino que son personas que tienen deudas con la justicia.

Milton Guerrero, jefe de Gestión de Bienes y Servicios del HNP, aseguró que se debe construir un centro para la atención de la población que tiene cuentas pendientes con la justicia, pues son personas que agreden al resto de los pacientes civiles, violan y roban, al tiempo que se da un tráfico de drogas importante en dicho centro especializado.

Guerrero manifestó que no está en contra de que a los reos se les traslade al HNP, siempre y cuando se les retire del centro médico una vez que terminen el tratamiento y si los mismos están bajo la
responsabilidad profesional de los médicos para su respectivo valoración y seguimiento.

“Son personas que no tienen que estar allí, al tiempo que el centro debe ser construido por el
Ministerio de Justicia y no por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues las resoluciones son emitidas por abogados y jueces y no por médicos. Cuando los reos llegan al Hospital, no están bajo la responsabilidad de los médicos especialistas, sino que son los jueces y abogados los que deciden cuándo dan el alta. En muchos casos, cuando terminó el tratamiento agudo, el sistema judicial los dejan allí años y años, sin darles la salida”, apuntó Guerrero, quien sostuvo que los médicos están de manos atadas.

Guerrero comentó que existe un caso de una privada de libertad que duró 30 años hospitalizada, sin que el sistema le diera el alta respectiva.

Hace algunas semanas, la Sala Constitucional obligó a la CCSS a construir, en un año, un centro especializado para el tratamiento de los acusados penales con problemas mentales, responsabilidad que fue impugnada por la entidad aseguradora, que señala que es una responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero dicha dependencia gubernamental señala que por ser un problema de salud, debe ser atendida por las autoridades del ramo.

Viviana Martín, ministra de Justicia y Gracia, compareció ante la Comisión Especial de Derechos Humanos y dijo que el Hospital Psiquiátrico Penitenciario deberán construirlo las autoridades de Salud, y en su exposición manifestó que “dada la resolución de la Sala Constitucional y las diferentes intervenciones de la Sala Tercera, por tratarse de acuerdo con la jurisprudencia constitucional de un problema de salud, le correspondería la construcción a las autoridades de Salud, por no tratarse de privados de libertad, razón de ser del Ministerio de Justicia, sino más bien de pacientes médicos, pero a la mano tendrán toda nuestra colaboración para poder solventar un problema de dimensiones nacionales”.