Una historia repetida

La reforma a la Ley de Tránsito, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa, está llena de errores. Ya los mismos jueces que tienen la responsabilidad de hacerla valer se comienzan a percatar de ello. Desde que surgió el primer caso de arresto por conducción bajo ebriedad saltaron los problemas.

Ya en LA PRENSA LIBRE habíamos advertido el riesgo de que se diera una situación como esta, cuando oportunamente planteamos el tema ante los diputados que discutían una reforma que, en conjunto, sumaba más cambios que la cantidad de artículos que tenía la ley. En otras palabras: las reformas eran tantas que rebasaban en número la extensión de la propia ley que se modificaba.

Ese punto ya de por sí es inconveniente. Las reformas parciales deben ser parciales. No hay de otra, aunque a los diputados les pueda parecer lo contrario. La posibilidad de introducir ajustes a una normativa debe estar limitada a que no se salgan de un cierto alcance. Si el caso fuese el contrario, lo correcto es que se haga una nueva ley.

Al lanzar el tema, sin embargo, una buena parte de los diputados consultados prefirió defender la tesis de que la reforma parcial era lo adecuado. Y, como si se tratara de un juego cualquiera, salió a relucir el argumento de que esa reforma parcial era más viable que una nueva ley.

En otras palabras, a los diputados no les preocupaba hacer su trabajo, legislando en bien del país. Más bien, su objetivo era, como quien dice, aplicar la ley del mínimo esfuerzo.

Si a eso se agrega el hecho de que por años se pasaron argumentando que “las leyes no se pueden festinar”, y defendiendo que se requería tiempo para hacer una buena reforma, no queda espacio para alguna esperanza positiva a futuro.

Se supone que se tardaron porque la ley iba a salir bien. Pero, al final, solo se tardaron. La ley salió mal. Y ahora, han comenzado a hablar de la necesidad de una reforma a la reforma que le hicieron ya a la ley. El problema de esto es que, al final, nadie va a saber cómo queda realmente la normativa, amén de que es posible que tampoco se alcance una buena coordinación de todos sus componentes.

Lo que ha pasado con la Ley de Tránsito es evidencia clara de que se debe replantear la acción de los diputados. Y no se trata, como han insinuado algunos libertarios, de confundir las cosas ahora para señalar culpables. Porque quienes en su momento se opusieron a las reformas nunca externaron preocupación por los desajustes de la ley, sino por lo que consideran multas excesivas.

Y tampoco se trata de justificarse, como han hecho los del Partido Acción Ciudadana en que en los períodos de sesiones extraordinarias el proyecto no fue convocado por el Ejecutivo. Porque, ciertamente, nada impide a un legislador serio estudiar los temas pendientes de trámite en el Congreso aunque no estén convocados.

Estos elementos, de nuevo, solo reafirman que se requiere un cambio conceptual en la Asamblea Legislativa.