Reformas en legislación darían fortaleza en temas de seguridad

• Protección a víctimas, aumento de penas, procesos expeditos y nueva tipificación en faltas pasaron diez meses de análisis en el Congreso

Aarón Sequeira
asequeira@prensalibre.co.cr

La Comisión de Seguridad Ciudadana mandó consultar y publicar el proyecto de protección a víctimas como una forma de blindarlo.

El proyecto, bajo el nombre “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, fue publicado el viernes, luego de diversas consultas a diferentes interventores en lo referido dentro de la propuesta.

De acuerdo con Luis Barrantes, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, dentro de la cual se estudió el proyecto, con esta nueva publicación la iniciativa queda blindada en aspectos de forma y de fondo, en materia de concordancia constitucional, para ser visto en el Plenario a partir de hoy.

El punto central de la propuesta es el de la protección de víctimas y testigos, para lo cual se crea un programa con financiamiento específico, que si bien ya existía, ha sido considerado rudimentario y deficitario por los mismos diputados.

Además de la estructuración de un programa, se incluye la tipificación de la protección y los casos en que debe darse, así como deberes y derechos de la víctima y el personal que se hará cargo de ello.

La socialcristiana Ana Helena Chacón explicó que para dar fortaleza al programa, se le permite la creación de cerca de 500 puestos, entre los cuales muchos son para expertos en criminología.

“Es importante la eliminación de la lista de espera, y que la protección permita a muchos atestiguar y no ser atemorizados. Ello puede bajar los niveles de impunidad”, agregó.

Punto importante en el combate a la impunidad lo constituyen por una parte la prohibición de la conciliación más de una vez cada cinco años y la posibilidad de procesos expeditos en los juzgados de flagrancia, los cuales ya han entrado en funcionamiento como una medida instaurada por el Poder Judicial. Sin embargo, ahora esta tendrá sustento legal.

El financiamiento del programa fue considerado clave por parte de Elizabeth Fonseca, de Acción Ciudadana, quien apuntó que de lo contrario el plan quedaría fuera de lugar.

Este fue ideado en conjunto con el Ministerio de Hacienda al gravar los títulos emitidos por los bancos en moneda extranjera con el impuesto sobre la renta, excepto para aquellos que puedan haber sido emitidos antes de la entrada en vigencia de la ley.

En el título III de la propuesta buscan los diputados, en algunos casos, reformar lo referente a algunos delitos, en otros casos, tipificarlos por primera vez.

Así sucede con delitos como la trata de personas y la receptación, mientras que se endurece la legislación en cuanto a otros como hurto y hurto agravado, usurpación, dominio público, resistencia, desobediencia, favorecimiento personal y real.

El punto que parece aún ser más difícil de conciliar entre los diputados es el de las atribuciones de la policía, pues en las últimas sesiones se aprobó permitir que el Organismo de Investigación Judicial, en las seis horas siguientes a la detención, pueda interrogar al sospechoso.

Evita Arguedas comunicó que el tema puede reñir en el tema constitucional y de derechos humanos, por lo cual reiterará su posición para eliminar tal determinación.