Tribunal Ambiental Administrativo sin presupuesto

Krissia Morris Gray
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José Lino Chaves, presidente del TAA, manifestó que al realizar una serie de trabajos programados se debe acudir a los recursos propios, pues la instancia no cuenta con dinero ni para la gasolina.

Así lo aseguró el presidente de la entidad, José Lino Chaves López, quien reafirmó que el TAA no tiene ni tinta para imprimir los documentos.

Chaves aseveró que existe una preocupación muy grande, pues muchos de las trabajos que estaban programados no se han podido efectuar.

Se le consultó a Chaves las razones del atrasó, a lo que indicó que no las tiene, pero aseveró que muchos de los trabajos programados sufrirán un atraso.

Indicó que de manera inicial, el TAA está urgido de ¢300 millones, los cuales irían para los rubros de gasolina y viáticos, pero reconoció que dicho monto no es suficiente para todas las tareas y responsabilidades que debe efectuar dicha instancia en nivel nacional.

“Estamos sin gasolina y desde hace meses sin viáticos. Yo estoy haciendo una serie de inspecciones de Potrero de Guanacaste, y los trabajos los estoy haciendo con recursos propios. No sabemos que fue lo que pasó con los recursos del Tribunal pero no tenemos presupuesto. La primera barrida que esta prevista para estos días no se realizará por falta de dinero”, reconoció Chaves a LA PRENSA LIBRE.

Las barridas en la Península de Osa y la realización por los daños ambientales ocasionados por la explosión de la fábrica de Químicos Holanda, en Limón, forman parte de los procesos que están paralizados ante la falta de contenido presupuestario.

Chaves comentó que sí están garantizados los recursos económicos para el pago de salarios, pero que el problema se concentra para la debida operación de ese tribunal.

Entre las funciones que le corresponden al TAA se encuentran el de prevenir, tutelar, disminuir y sancionar por daños al ambiente y los recursos naturales por medio de procedimientos administrativos ordinarios.

Por otro lado, el TAA debe conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o por denuncia, todas las violaciones contra la legislación tutelar y los recursos naturales, que cometan personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.