El Senado aprueba plan de estímulo económico

• Empresarios molestos por cláusula que les exige verificar el estatus migratorio de sus empleados

María Peña

Los senadores republicanos John Ensign, John Thune, Mitch McConnell (líder de la minoría republicana del Senado) y Jon Kyl comparecen después de que el Senado de EE.UU. aprobara con un mínimo margen un plan de estímulo económico de $838.000 millones. (Foto: EFE)

Con 61 votos a favor, uno más del mínimo necesario, y 37 en contra, el Senado aprobó el plan de estímulo, pensado para sacar a la economía del atolladero y conjurar la “catástrofe” de la que advierte a diario el presidente Barack Obama.

La medida contó con el apoyo de demócratas centristas y de tan sólo tres de los 41 republicanos del Senado, las senadoras Susan Collins y Olympia Snowe, y el senador Arlen Specter, todos ellos de corte moderado.

Fue tan urgente lograr los 60 votos, que el senador demócrata Edward Kennedy, que padece de cáncer cerebral, tuvo que presentarse en el pleno para emitir su voto. No se le veía en el Capitolio desde que sufrió convulsiones durante la investidura de Obama el 20 de enero pasado.

La votación se realizó tras una vorágine de reuniones a puerta cerrada la semana pasada y de luchas ideológicas sobre el alcance y contenido del plan.

Al final, un grupo de 20 senadores demócratas y republicanos logró reducir el monto original del proyecto ante el Senado, que era de unos 900.000 millones de dólares.

Sin embargo, los republicanos insisten en que el plan es muy costoso e ineficaz, hipoteca a futuras generaciones y no contiene suficientes recortes tributarios para surtir efecto a corto plazo.

Peor aún, advierten de que si se le hacen más ajustes en el proceso bicameral, no lo respaldarán.

“Este es un fraude gigantesco para el pueblo estadounidense (...) tiene gastos masivos que harán poco por ayudar a nuestra economía y las familias que necesitan ayuda desesperadamente”, advirtió el republicano Jim Risch, del estado agrícola de Idaho.

Los demócratas replican que el proyecto ayudará a crear o preservar entre tres y cuatro millones de empleos en los próximos dos años, además, de que invierte fuertes sumas en programas sociales y de infraestructura.

Así, la votación sirve de antesala a una lucha campal ahora que la versión del Senado tendrá que ser armonizada con la de 819.000 millones de dólares que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero.

Las dos versiones difieren no sólo en el monto total, sino también en la formulación de su componente fiscal y de recortes tributarios.

El plan de la cámara baja incluye 182.000 millones de dólares en alivios tributarios y otros 638.000 millones en gastos fiscales. El del Senado es más generoso con los recortes tributarios, con 293.000 millones, y otros 546.000 millones en gastos fiscales.

En la cámara baja, los demócratas afilan las armas y han dejado claro que intentarán reintroducir algunos fondos destinados para programas de educación y más ayudas para los gobiernos estatales.

La versión del Senado incluye una medida de 35.000 millones de dólares que duplica a 15.000 los créditos tributarios para compradores de casa.

También contiene créditos tributarios por 11.000 millones dólares para que quienes compren un vehículo nuevo puedan deducir los impuestos sobre la venta y los intereses del préstamo bancario.

En un guiño al electorado molesto por los excesos de Wall Street, además, limita las bonificaciones de los 25 principales ejecutivos de empresas que se beneficien del plan.

Está por verse si, al final, los congresistas modificarán aun más o eliminarán la controvertida cláusula “Buy American”, que exige el uso de acero y hierro estadounidense en obras de infraestructura financiadas por el plan.

Washington (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, anunció el plan de rescate financiero del Gobierno de Barack Obama, que podría movilizar dos billones de dólares en dinero público y privado.

A continuación se incluyen los principales elementos del plan:.

-Creación del Fondo de Inversión Público-Privada, que comprará la deuda de mala calidad de los bancos con dinero del Gobierno y de inversores.

Inicialmente adquirirá títulos por valor de 500.000 millones de dólares y la cartera eventualmente podría llegar a 1 billón.

-Nuevas inyecciones de capital en los bancos, que se gestionarán a través de una nueva entidad, el Fondo de Estabilidad Financiera. El programa incorpora restricciones para los bancos que reciban el dinero público:
-La obligación de informar cómo los fondos les ayudarán a mantener o aumentar el crédito.

-La obligación de restringir los dividendos y adquisiciones.

-La obligación de limitar la compensación de sus altos ejecutivos a medio millón de dólares por año.

-Todos los bancos grandes deberán someterse a una “prueba de estrés”, que evaluará si son capaces de seguir prestando y resistir si se agrava la crisis.

-Ampliación de un programa de la Reserva Federal que actualmente financia la compra de préstamos automovilísticos, estudiantiles y de tarjetas de crédito para dar liquidez a los mercados de crédito de forma directa, sin pasar por los bancos privados.

-El programa inicialmente iba a dar financiación por valor de 200.000 millones de dólares para esos fines, pero ahora podrá expandirse a 1 billón de dólares.

-La Reserva Federal comprará, además, créditos hipotecarios
de propiedades comerciales.

-El Departamento del Tesoro aportará 100.000 millones de dólares al programa.

-Uso de 50.000 millones de dólares para ayudar a propietarios de viviendas a evitar el embargo, con lo que el Gobierno pretende poner freno a la ola de desahucios, que deprimen los valores inmobiliarios.

Los detalles de esta parte del plan serán divulgados en las próximas semanas.

Los empresarios de EE.UU. se han alzado en armas por una controvertida cláusula del plan de estímulo económico que les exige verificar el estatus migratorio de sus empleados y que, a su juicio, les supondrá costos millonarios.

La versión del plan que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero contiene una cláusula, propuesta por el republicano Jack Kingston, que exige que todo contratista federal se inscriba en el programa electrónico “E-verify” para verificar el estatus migratorio de sus empleados.

El sector empresarial, que a través de la Cámara de Comercio de EE.UU. ya había entablado en diciembre pasado una demanda contra la expansión de “E-verify”, continúa presionando al Congreso para que desista de esa idea.

“Esperamos que el Congreso desista de la idea de exigir que las empresas y contratistas se inscriban en el programa ‘E-verify’, porque el sistema contiene un alto índice de error y porque costará a los empresarios millones de dólares”, explicó a Efe Randy Johnson, de la Cámara de Comercio.