Gobierno niega ser intermediario para financiar nuevo gestor del aeropuerto

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

Las obras y gestión del aeropuerto Juan Santamaría podrían recaer en las manos del Estado si la nueva empresa gestora no consigue los $100 millones para operar.

En relación con el caso, el inspector general del órgano fiscalizador del contrato de gestión interesada (CGI), Adolfo Lobo, aseguró que están buscando tener claridad de ese financiamiento por parte del Gobierno, y con ello reestablecer que el contrato de gestión interesada se dé lo más pronto posible.

HASDC perdió el apoyo financiero inicial del banco JP Morgan, por la crisis financiera, la Contraloría General de la República (CGR) consideró inapropiado conceder la gestión a la entidad cuando no tiene recursos para esa misión.

Ante ese panorama, se le cuestionó a Adolfo Lobo cuál será el Plan B, a lo que respondió: “No es un tema que nos preocupe mucho en este instante porque ya conocemos que Aviación Civil ha estado preparando desde hace mucho tiempo, porque este tema no es nuevo y confiamos en ello”.

El inspector general mencionó que la Ministra González conversó con los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros entes donde los resultados fueron positivos.

Lobo aseguró que la jerarca del MOPT fue a verificar la seriedad de las propuestas del nuevo ente gestor para el aeropuerto Juan Santamaría. “Es un acto de responsabilidad del Gobierno de no quedarse con notas de lo que llega, sino ir directamente a esos organismos que son serios”, comentó.

El Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) dispone de $20 millones para asumir el aeropuerto, si fuese necesario y con ello dar paso a una nueva etapa en el proyecto, si eso ocurriera a su parecer esos recursos son suficientes para desarrollar la etapa de transición.

“Es una posibilidad que en este momento no se trabaja, en este momento el Gobierno está apostando todo a lograr éxito en la negociación del proyecto durante las próximas dos semanas, es decir, según nos manifiesta doña Karla que fue a Washington y a Nueva York a sostener reuniones para verificar el tema de financiamiento, el panorama es muy positivo, las empresas siguen manteniendo interés en la toma de aeropuerto”, expresó Lobo.

Al mismo tiempo acotó: “Creemos que la solución es reestablecer la formalidad del financiamiento para el contrato de gestión interesada, porque así lo ha entendido la Contraloría y así nosotros lo hemos entendido”.

El asesor legal del órgano fiscalizador, Roy Ramos, explicó que de cara al contrato se crearía una comisión porque no se dio un rompimiento tempestivo del mismo sino que se entregó un plan de transición donde participan el Gobierno y el gestor para hacer el intercambio de información necesaria hasta en un momento posterior decretar la suspensión del contrato.

“Aviación Civil por ahora no tomaría el proceso, porque incluso ante el peor de los panoramas, que puede ser no lograr un éxito en la negociación, no es factible que de un día para el otro el aeropuerto sea tomado por el Estado. Se requiere un período de transición que permita al gestor transmitir todos los sistemas de información, tecnología y otros, que permita que el Estado eventualmente o quien designe dentro de un plan de remediación, pueda asumir el aeropuerto de forma adecuada”, precisó Ramos.

En relación con el tiempo que podría representar esa etapa, acotó que el contrato no establece un plazo específico, porque establecía un plazo de seis meses bajo rompimiento normal del contrato pero no establece ningún plazo. “Un poco lo que se pensó en la redacción del contrato, me parece, es que la transición dure desde la perspectiva del Estado lo que tenga que durar”, puntualizó.

Desde el punto de vista contractual, para nuestro país rescindir del contrato implicaría indemnizar a Alterra por las obras construidas que no han sido amortizadas por las tarifas, de lo cual no se tiene el dato pero asciende a varios millones de dólares.

Roy Ramos acotó que eso se sumaría al inicio de procesos judiciales, “inciertos” y “complicados”, de una duración bastante larga en la cual serán los tribunales los que definan si el rompimiento de la ejecución del contrato fue responsabilidad estatal o no.

Según dijo, dos factores afectaron la negociación actual; por un lado, la crisis financiera internacional donde las restricciones de crédito son muy difíciles y cualquier organismo internacional va a buscar invertir en proyectos de riesgos muy bajos y el aeropuerto no es el mejor ejemplo de un proyecto de riesgo bajo.

En segundo lugar, enumeró que cuando ya se estaba logrando una solución en materia de financiamiento a pesar de la crisis financiera, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos emitió una fijación de tarifas aeronáuticas del aeropuerto que afectó en gran medida el flujo de caja que se tenía proyectado en ese momento, y a partir de eso es que los organismos internacionales deciden apartarse de la negociación y es donde se reactivan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Aviación Civil por ahora no tomaría el proceso, porque incluso ante el peor de los panoramas que puede ser no lograr un éxito en la negociación, no es factible que de un día para el otro el aeropuerto sea tomado por el Estado”. Asesor legal del órgano fiscalizador, Roy Ramos.

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, espera que en dos semanas máximo exista una respuesta sobre el financiamiento de HASDC para ver si será necesario aplicar un Plan B.

“Nosotros creímos que con esa nueva empresa de Houston íbamos a solventar el atraso que habíamos tenido y a reiniciar rápidamente las obras que tanto le interesan al país. Ellos ofrecieron arrancar las obras con una suma inicial de recursos propios cercana a los $30 millones”, manifestó Arias.

La Contraloría ha considerado que es preferible tener una empresa que tenga un compromiso general de financiamiento del 100% de las obras, entonces el Gobierno lo que hace es verificar que sí tenga los recursos para hacerle frente a esa obra.

“Desearíamos que a muy corto plazo, ojalá no más de una semana o no más de diez días tengamos una solución definitiva para que no tengamos que tomar otras medidas”, acotó el Ministro de la Presidencia. El asesor legal del órgano fiscalizador, Roy Ramos, considera que existe “una curva de aprendizaje” de ese tipo de contratos que ha sido difícil de manejar, a su parecer es un tema que se va superando en otros contratos como en los proyectos de infraestructura de San José-Caldera, San José-San Ramón y camina la modernización de puertos en Limón” consideró Ramos.

“Más es un problema de ejecución del contrato, de saber tratar con empresas que buscan el lucro de manera importante, es decir, se necesita un equilibrio importante entre lo que es la consecución de intereses públicos, volver económicamente rentable un proyecto, volverlo bancable de cara a los organismos internacionales”, explicó Ramos.

Según dijo, es fácil cuestionar si el contrato inicial estuvo mal estructurado cuando ya se dieron los problemas, mientras que la tarea o el principal desafío está en redactar un contrato y asegurarse que cualquier circunstancia que se vaya a presentar en el futuro.

“No sería bueno juzgar el caso del aeropuerto a partir de la experiencia acumulada hoy, que nos está sirviendo para llevar adelante la negociación pero no puedo trasladar ésta experiencia y decir qué debió haber hecho el Gobierno en el 2003, cuando un esquema de gestión interesada se encontraba relativamente reciente”, puntualizó el asesor legal del órgano fiscalizador.