Reto multimillonario

En los 81 cantones del país, los ciudadanos aspiran a que desde las municipalidades surjan iniciativas y proyectos para mejorar la calidad de vida en cada una de las comunidades.

El Poder Ejecutivo aspira a que, en el marco de la crisis global, las municipalidades logren ejecutar proyectos con los dineros de que les corresponden.

Sobre el papel, se trata de un esquema con el que se pueda generar empleo, de manera que menos familias sufran a consecuencia de la crisis.

Pero, por lo visto en los años recientes, la situación no está para hacerse ilusiones. Como que en casi todos los rincones del país la gente tendrá que seguir lidiando con los huecos en las calles, y en algunos casos, con la basura. Porque ni para solucionar esos problemas alcanza la capacidad de las corporaciones municipales.

Y, como muchos se quedarán con las ganas de percibir algún ingreso, si su aspiración es hacerlo a partir del desarrollo de obras de infraestructura.

Las cifras aportadas por el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en relación con este tema, establecen que hay algo más de 64 mil millones de colones en las arcas del Estado, correspondiente a recursos de las municipalidades, para el desarrollo de obras de infraestructura.

Con ese dinero, se pueden reparar miles de kilómetros de caminos y carreteras. Pero ocurre que las municipalidades no saben cómo hacerlo. Salvo contadas excepciones, normalmente los dineros se quedan allí por tiempo indefinido.

De hecho, casi la mitad de los dineros en caja -31 mil millones de colones- son recursos que se debieron utilizar el año pasado. Y aunque se ocupan, siguen en lista de pendientes.

Eso es lo más grave. No se trata de exceso de dinero, sino de falta de capacidad y, quien quita, falta de voluntad de parte de los alcaldes en al menos un 90 por ciento de las corporaciones municipales.

En ese contexto, es imposible que se pueda avanzar. El tema pasa necesariamente por un replanteamiento serio de las potestades de los alcaldes, y por el establecimiento de sanciones para aquellos irresponsables que no asuman sus responsabilidades.

Lo malo es que en este país, cuando un funcionario público no cumple con su deber, normalmente no le pasa nada. Y en el caso de los alcaldes, esta situación es tan clara que el Tribunal Supremo de Elecciones les puede cancelar la credencial por un sinnúmero de razones, pero no por esa.

Mientras la norma siga siendo tal, no se forzarán los cambios, y los dineros seguirán en caja a la espera de que no pase nada, para que finalmente sean utilizados en otras cosas, o vayan a proyectos que no necesariamente solventan las necesidades prioritarias de las comunidades. Porque, al fin y al cabo, de lo que se termina tratando es de gastar porque se tiene el dinero, aunque no haya una planificación oportuna y correcta para ello.