Instalaciones propias

Alrededor de ¢1.500 millones se ahorraría el país cada año si el Poder Judicial dispusiera de instalaciones propias para albergar sus oficinas.

El dato lo puso en el tapete el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Paulino Mora, durante la inauguración del Año Judicial.

Esos dineros bien podrían servir a la causa, primero, de pagar el costo de la construcción de los edificios necesarios para el Poder Judicial y, luego, para atender los requerimientos propios de una justicia pronta y cumplida.

Sin embargo, las decisiones nunca se tomaron de manera oportuna, y alrededor del tema de los alquileres de edificios se montó un extraordinario negocio, en el que aquellos dedicados a la actividad inmobiliaria han sacado mucho dinero.

Pero, el fenómeno no toca solo al Poder Judicial. Desgraciadamente, se extiende a todo el sector público. Y pese a que después de muchos años algunas instituciones han podido salir por momentos del círculo, muy pronto vuelven a caer en él. En otros casos, como el del Ministerio de Educación Pública, la mejora es temporal, porque se adquiere un edificio, pero en poco tiempo se dice que éste ya no llena las necesidades, y se sale a buscar otro. Además, las nuevas instituciones que se han ido creando nunca nacen con un presupuesto destinado a la adquisición de edificaciones. Eso hace que los dineros destinados a alquileres vayan sistemáticamente en aumento, como una especie de cascada sin freno.

Y aquí también se genera otro mal: al final se termina por contratar edificaciones que no llenan las necesidades para la atención de los usuarios. Entonces, el fin primordial, que es la satisfacción de las necesidades del público, se queda en el olvido. Es por ello que al país le urge una política de edificaciones públicas, que debe ir destinada a suplir de instalaciones a todas las entidades que no las tienen propias.

Sin embargo, ninguna administración le ha puesto la atención que amerita al problema, y los dineros se siguen yendo por el caño, pese a las fuertes necesidades, especialmente en el terreno social.

Cuando se analiza el problema del déficit, y de las cargas fijas que tienen las entidades públicas, se torna incomprensible la desidia con que se ha manejado este tema. Cada sociedad debe definir sus prioridades, pero sobre la base de criterios de eficiencia en el uso de los recursos. Y eso es precisamente lo que no se ha dado aquí.

Hace muchos años, algunos diputados plantearon la posibilidad de comenzar por levantar un complejo de edificios en los terrenos de Plaza González Víquez, iniciativa que debía ser complementada con la adquisición de otro terreno fuera del centro de la Capital, para ir moviendo a las instituciones que no tienen sede propia.

Pero, como suele ocurrir, si bien se discutió por muchos meses el asunto, al final no se llegó a nada, y todo siguió igual.

La crisis de hoy es un excelente pretexto para retomar el tema, pero esta vez, con ánimo real de llegar a las acciones.