Se les fue la mano

Los magistrados que integran la Sala Constitucional acaban de ordenar a la Caja Costarricense de Seguro Social que construya un hospital para los delincuentes con problemas psiquiátricos.

El texto de la resolución completa de los magistrados aún no es de conocimiento público, por lo que no se conoce a plenitud el fundamento que le dan a la orden.

Pero, más allá de ese detalle, la primera impresión es que los magistrados se exceden y terminan desubicándose en cuanto a los alcances de su función.

Y aquí no es cuestión de si el país debe o no tener un centro de esa índole. La respuesta es obvia. Es clara la necesidad.

Pero, lo que no es para nada claro es que sea a la Caja a la que le corresponde la construcción. La Caja tiene la obligación de prestar servicios médicos a los que cotizan al sistema de seguridad social del país. Y, a la fecha, no se conoce de ningún caso en el cual un privado de libertad -por la causa que sea, y sea cual fuere su estado de salud- cotice a ese sistema. Entonces, se termina por excluir solo.

Desde esa perspectiva, también podría plantearse si a fin de cuentas la responsabilidad no es del Poder Ejecutivo. Después de todo, la Dirección General de Adaptación Social es parte del Ministerio de Justicia y Gracia, que es una dependencia directa de ese Poder.

Ó podría preguntarse si no le corresponde al Poder Judicial, que es el que determina la separación de esas personas del resto de la sociedad.

Los magistrados encontraron muy fácil endosarle la responsabilidad a la Caja. Y para peores, sus resoluciones son inapelables. Eso quiere decir que la Caja tendrá que construir el centro, y punto.

La Sala Constitucional no debería tener esos alcances. Sí es necesario que alguna entidad vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las instituciones públicas. Y el mecanismo debería suponer algún tipo de sanción para los funcionarios públicos que no cumplan con sus obligaciones. Pero una vez que se determine cuáles son, en cada caso, esos funcionarios.

Además, en el caso de nuevas construcciones, estas deberían responder a un plan debidamente estructurado, que defina prioridades claras. En lo que toca a salud, por ejemplo, el país sigue si contar con un centro de atención de enfermedades oncológicas, siendo el cáncer, en sus diferentes manifestaciones, una de las enfermedades de mayor impacto, tanto en el terreno social como en lo económico.

Y ante ello cabe la pregunta: ¿qué hacer primero? Si bien muchos delincuentes fingen un estado demencial para evadir la cárcel, al fin de cuentas los otros enfermos no tienen la culpa de ello ni deben sufrir las consecuencias. Pero las soluciones deben llegar por la vía correcta.